Aunque la entidad no se ha referido ni al despido de 1.480 trabajadores ni al cierre de las 156 oficinas, “un paso” según han considerado las fuentes sindicales consultadas por Europa Press, los trabajadores han rechazado de forma rotunda las alternativas.
Según un comunicado de la entidad, se han presentado un programa de suspensiones temporales de contratos, con mecanismos rotatorios, de un porcentaje de la plantilla, una reducción generalizada de salarios y la suspensión de aportaciones a los planes de pensiones “como alternativa” al despido.
En un documento conjunto de todos los sindicatos, éstos consideran que son medidas "muy agresivas" para la plantilla y rechazan el carácter "obligatorio" que les ha impreso la entidad, lo que choca con el carácter "voluntario" que los representantes sindicales creen que "debe primar".
La situación de riesgo “no ha pasado”, aseguran los sindicatos, que consideran que determinadas decisiones de movilidad geográfica pueden implicar, en la práctica, “despidos encubiertos forzosos", de forma que, con este nuevo paquete de medidas, la entidad lo que ha hecho es “trasladar el adjetivo forzoso de unas medidas -los despidos- a otras”.
A pesar de que la entidad asegura que les han ofrecido información sobre la “evolución real” del último ejercicio y datos de la proyección de negocio, los sindicatos critican que la entidad promueve estas medidas “sin presentar datos que justifiquen su necesidad”. Además, cuestiona que se planten aplicarlas “en un plazo de tres o cuatro años” en “pleno proceso de concentraciones de entidades financieras”. “No parece coherente”, señalan.
