La Comisión Europea (CE) ha amonestado políticamente a Francia en el caso de las expulsiones de gitanos amenazándola con iniciar en breve un expediente sancionador si no alinea su legislación con la directiva europea que garantiza la libre circulación de ciudadanos comunitarios.

El Ejecutivo comunitario ha anunciado que abrirá expediente a Francia por este motivo, cosa que todavía no ha hecho a la espera de que París presente antes del 15 de octubre un plan detallado para que sus procedimientos de expulsión casen totalmente con la ley-marco europea de 2004.

En una clara señal de apaciguamiento hacia París, Bruselas ha optado de momento por no expedientar a Francia por discriminación contra la minoría gitana, otra de las posibilidades que barajó a raíz de las polémicas expulsiones.

La tensión entre las autoridades francesas y el Ejecutivo de la UE alcanzó su punto máximo durante la última cumbre europea, celebrada el 16 de septiembre, en la que el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y el de la Comisión, José Manuel Durão Barroso, se afearon en público su comportamiento respectivo.

Barroso y el colegio de comisarios optaron ayer por no llevar más lejos el enfrentamiento con Francia, aunque la CE mantiene su amenaza de abrir un expediente.

"Francia no transpuso correctamente la normativa europea a su derecho nacional, privando a los ciudadanos de derechos y garantías. Esto debe ser corregido y por ello la CE actúa con firmeza", ha manifestado la comisaria de Justicia, Viviane Reding.

Francia deberá remitir a la CE un borrador de la directiva correctamente traspuesta al derecho nacional, acompañado de un calendario preciso, todo ello en un máximo de quince días.

Por lo que respecta a la posible discriminación contra los gitanos, argumento que podría haber dado pie a un proceso de infracción paralelo, el Ejecutivo comunitario ha tenido que renunciar a una advertencia formal equivalente, aunque ha pedido en una carta más datos sobre las expulsiones de este verano.

La semana pasada Reding consideraba que la circular administrativa francesa del 5 de agosto era un claro "indicio" de discriminación, pero no ha podido reunir pruebas concluyentes.

En una audiencia ante las comisiones de Libertades Civiles y de Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, la comisaria de Justicia ha explicado, no obstante, que quiere pruebas de las garantías que dio el gobierno francés a la CE el pasado 22 de septiembre.

Después del 15 de octubre, Bruselas podría anunciar procedimientos de infracción contra otros países aparte de Francia.