La instalación del útil, que permitirá vigilar las pertenencias de los pasajeros sin necesidad de proceder a cacheos, se ha retrasado más de un mes a causa de los problemas legales que se planteaban a su instalación.
En concreto, el escáner corporal afrontó la oposición de las autoridades sanitarias y de la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL), temerosa del destino final de las imágenes captadas por el utensilio.
