El 9 de mayo termina el Estado de Alarma que aprobó el Congreso de los Diputados el pasado 29 de octubre y el 10 comenzará otra situación que no será Estado de Alarma, único procedimiento constitucional de limitación de derechos fundamentales. Habrán transcurrido seis meses desde la última prórroga y más de un año desde que comenzó el calvario: la pandemia del coronavirus. Los 194 votos favorables contó con 155 del PSOE y Unidas Podemos, 13 de ERC, 10 de Ciudadanos, 6 del PNV, 3 de Más País y Compromís, 4 del PDeCat y los únicos de PRC, BNG y Teruel Existe.
Abascal aprovechó el momento para decir Pedro Sánchez era un “tirano en prácticas” y Casado para poner de manifiesto que era un “atropello legal.” El primero votó en contra y el segundo se abstuvo. El discurso de la “libertad” que ha triunfado en la Comunidad de Madrid se estaba fraguando ya en esa votación. Libertad para el virus, claro está. Según los prohombres que nos defienden frente al despotismo sanchista (Sanchismo o Libertad es el último lema de Casado), el Estado de Alarma es un corsé a la libertad y los confinamientos y el toque de queda un acto dictatorial. El Estado de Alarma dijo Casado que era “un agujero negro para las libertades” y un “Estado de Excepción encubierto”. Supongamos que sea cierto, ¿por qué los gobiernos autonómicos presididos por los populares se muestran preocupados con la finalización del Estado de Alarma? ¿Por qué antes no se aclaran con Casado? Sus líderes nacionales llevan enfangados desde el principio:“No podemos prorrogar más sus poderes extraordinarios. Sería una irresponsabilidad” dice Casado a Sánchez. Si hay Estado de Alarma se manifiestan en contra y si no lo hay aprecian su necesidad. Con la fórmula constitucionalmente establecida o con un plan B que el Congreso rechazó por amplísima mayoría.
El 10 de mayo terminarán -si Urkullu no lo impide- el toque de queda y las restricciones generales a la movilidad, aunque podrán continuar las medidas sobre mascarillas, horarios y aperturas comerciales u otras más duras, sanitariamente justificadas y aprobadas judicialmente. Significará un alivio, pero una responsabilidad añadida para los ciudadanos. El proceso de vacunación estará más avanzado y las restricciones han terminado por resultar enormemente fatigosas para el común de los mortales. Esperemos ser menos mortales para entonces.
