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Andalucía

La Junta exige una quita de todas las hipotecas

La consejera pide al Ministerio que "no esté callado y desaparecido ante los desahucios" y convoque la Conferencia Sectorial de Vivienda

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La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha exigido ante el Parlamento andaluz la reestructuración de la deuda privada de las familias adquirida por la compra de una vivienda, por lo que ha reclamado una quita de todas las hipotecas como una salida a la "deuda perpetua" derivada de esta "crisis-estafa" derivada de "leyes injustas y de gobiernos que han permanecido, y siguen, sordos, ciegos y mudos ante esta injusticia".

   Asimismo, ha pedido al Gobierno otras medidas, como "poner las viviendas del Sareb o 'banco malo' en alquiler social para hacer efectivo el derecho a la vivienda".

   En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada en pleno por la diputada de IU Inmaculada Nieto, la consejera, quien ha expresado su "orgullo" por el trabajo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de Stop Desahucios y de los miles y miles de ciudadanos que "desde hace más de tres años están parando desahucios y poniendo soluciones encima de la mesa", ha afirmado que "las soluciones no se pueden encontrar en el inmovilismo ni en reuniones en despachos a puerta cerrada" y ha recordado que desde la llegada de IU a su departamento "se ha priorizado" encontrar soluciones.

   Por ello, ha reclamado al Ministerio la "convocatoria inmediata" de la Conferencia Sectorial de Vivienda, "donde se analicen de forma conjunta entre Gobierno y comunidades autónomas medidas contra los desahucios y se ofrezcan soluciones para no volver a errar".

   "Paralización inmediata de todos los desahucios, dación en pago con carácter retroactivo para dar solución a las más de 400.000 familias ya desahuciadas y que mantienen la deuda perpetua con el banco, alquiler social y cambio de la ley de enjuiciamiento civil y de la ley hipotecaria", ha enumerado la consejera como "puntos de partida para dar respuesta a este drama social".

   En su opinión, estas medidas "no son fruto de la caridad, sino de justicia social" porque "la política de vivienda ha supuesto una estafa y una violación sistemática del derecho humano a la vivienda".

   Por ello, ha añadido que hay que avanzar más y ahora es el momento de continuar con esas soluciones y exigir un nuevo paso, esto es, "la quita de la deuda hipotecaria", de forma que considera que "es urgente una reestructuración de la deuda privada de las familias, como ya han hecho Estados Unidos e Islandia".

   Para Elena Cortés es "inconcebible" que esta misma medida "se aplique al sector financiero al comprarle los activos inmobiliarios que gestionará el Sareb, el llamado 'banco malo' y no se traslade a todas las familias", pero añade que se debe aplicar "no sólo a las que han perdido o están a punto de perder su vivienda por la falta de empleo, sino a todas, porque no se pueden seguir pagando hipotecas que estafan a las familias con cláusulas abusivas".

   Ante esta situación de "injusticia social" y ante la "emergencia habitacional" la consejera ha denunciado que el Ministerio de Fomento "no puede estar callado, desaparecido", por lo que le ha exigido que adopte medidas, entre las que ha mencionado "poner las viviendas del Sareb en alquiler social para hacer efectivo el derecho a la vivienda o reformar la Ley de Arrendamiento Urbano que legaliza el desahucio exprés en 10 días".

   "No podemos pretender el renegocio con las viviendas ni una segunda burbuja inmobiliaria", ha dicho.

   La consejera de Vivienda ha dejado claro que todas estas medidas se pueden poner en marcha "con voluntad política, incluyéndoles en la agenda diaria, como ha demostrado Andalucía, que tiene y ofrece alternativas".

   Por su parte, la diputada de IU Inmaculada Nieto, quien destacó la utilidad de las oficinas provinciales puestas en marcha por la Consejería para frenar los desahucios, ha recordado la ILP en favor de la dación del pago y del alquiler social, cambios en la Ley Hipotecaria, mientras que "el Gobierno nos dice que tenemos que estar contentos porque la banca reciba otros 40.000 millones de euros del Estado, no es para dar saltos de alegría".

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