La plataforma ciudadana "Mezquita-Catedral de Córdoba patrimonio de tod@s" ha mandado un escrito a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en el que le pregunta si tiene previsto "implementar alguna iniciativa para anular la inscripción eclesiástica de la Mezquita-Catedral de Córdoba".

En su carta, el presidente de la asociación, Miguel Santiago Losada, expone que la reciente publicación por el Gobierno del listado de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica incluye a la Mezquita-Catedral de Córdoba y que la Ley de Patrimonio Histórico "confiere al Estado la responsabilidad en la tutela y vigilancia de los bienes de interés cultural, especialmente de aquellos de singular valor patrimonial".

"En virtud de su responsabilidad como vicepresidenta del Gobierno, esta Plataforma ciudadana solicita conocer si tiene previsto implementar alguna iniciativa para anular la inscripción eclesiástica de la Mezquita Catedral de Córdoba y devolverla al ámbito del dominio público, tal como recogía el informe municipal de 2018 en el que usted participó como jurista", resalta el escrito.

Según Santiago, aquel dictamen certificaba que la inscripción del monumento se hizo "vulnerando el principio básico de igualdad ante la ley" al reconocer a la autoridad eclesiástica católica como fedatario público.

El documento municipal dejó claro que la Mezquita-Catedral es un "bien público, que no está en el tráfico del comercio", por lo que "no es posible que la Iglesia Católica apele al mecanismo de la usucapión" para su inscripción en el registro de la propiedad.

Además, ha recordado que la comisión municipal, presidida por Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la Unesco, consideró que la "privatización" de la Mezquita-Catedral de Córdoba había "lesionado los intereses generales de la ciudadanía cordobesa" y propuso la pertinencia de elevar un recurso de inconstitucionalidad ante el TC con el objeto de anular la inscripción del monumento.

Por ello, la plataforma ha apelado al "compromiso electoral" del Gobierno, y del presidente, Pedro Sánchez, quien en su discurso de investidura cuando "anunció que promovería las modificaciones legislativas" oportunas para "revertir las inmatriculaciones".