Las coordinadoras contra la droga del Campo de Gibraltar han pedido más medios judiciales para la comarca con los que dar respuesta a las macrocausas con hasta 60 detenidos a las que ha dado lugar el Plan de Seguridad del Campo de Gibraltar.
El presidente de Alternativas, Francisco Mena; y el responsable del área de narcotráfico de Barrio Vivo, Miguel Alberto Díaz, trasladaron en rueda de prensa las principales demandas de la zona. Entre las reivindicaciones del movimiento asociativo, está la de un juzgado especializado en narcotráfico, al igual que existen órganos judiciales concretos para violencia contra la mujer o lo mercantil, para circunscripciones como la provincia de Cádiz, Pontevedra, Málaga o Valencia, que soportan gran número de casos.
También piden un sexto magistrado para la sección VII de la audiencia provincial, lo que permitiría dividir la carga de trabajo al dividirse por ley esta sección en dos con tres magistrados cada una, según los casos sean civiles o penales.
Del mismo modo, apuntan la necesidad de espacios adecuados para desarrollar las macrocausas con su elevado número de detenidos, abogados y testigos. Los colectivos sociales amenazan con llevar a cabo movilizaciones a las puertas de los juzgados si no son atendidas estas demandas, que emanan tanto del movimiento asociativo como de los propios jueces y fiscales. “Si tenemos que ponernos todos los días a las puertas de los juzgados para que atiendan nuestras demandas, estaremos”, manifestó Francisco Mena, quien añadió que van a solicitar, además, encuentros con los decanos de los tres partidos judiciales de la comarca, así como con la fiscalía antidroga.
Por su parte, Díaz recordó la corresponsabilidad del Ministerio de Justicia, la Consejería de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial: “Estamos dispuestos a denunciar la “complicidad pasiva” de las citadas instituciones “si mañana empiezan a salir estos narcotraficantes sin que hayan hecho los deberes todas estas instituciones”. Por ultimo, vuelven a demandar el plan social que debe acompañar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y el ámbito judicial, así como una mayor atención a las personas que quieren abandonar las adicciones. Díaz apuntó, además, que las “víctimas” de todo este proceso siguen siendo las personas que caen en las adicciones, y que en nombre de ellas han de realizarse estas mejoras, porque, de otro modo, “estamos en riesgo de perder esta batalla”, remarcó.
