El Defensor del Ciudadano es una figura sin precedentes en Chiclana pero que ya funciona con éxito en otros ayuntamientos españoles. Su misión, como su propio nombre indica, es asesorar, informar y ayudar a los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Local. Así atenderá las peticiones, reclamaciones y quejas que los vecinos y las organizaciones sociales presenten.
Para garantizar su independencia y objetividad, quien desempeñe este cargo no recibirá instrucciones de ninguna autoridad pública. Sí contará, sin embargo, con personal administrativo a su cargo y con asesoría jurídica para garantizar el buen desarrollo de su labor. El Defensor del Ciudadano tendrá acceso directo a todos los expedientes y a la documentación administrativa que necesite para resolver cualquier queja.
Según el nuevo Reglamento Orgánico del Ayuntamiento, en el que aparece recogida esta figura, el cargo no será retribuido, de manera que la persona que lo ocupe únicamente percibirá las dietas por asistir a una comisión que con carácter ordinario se reunirá una vez al mes.
Para ser designado Defensor del Ciudadano es imprescindible ser español, mayor de edad, estar empadronado en Chiclana, tener residencia efectiva en la localidad. no ocupar ningún cargo político y no estar afiliado a ningún partido ni sindicato, entre otros requisitos.
La persona que ocupe este puesto será elegida mediante convocatoria pública, es decir podrán optar a la plaza quienes lo deseen siempre y cuando cumplan los requisitos exigidos.
La delegada de Participación Ciudadana, Nadine Fernández, confía en que la Junta de Gobierno Local apruebe las bases de la convocatoria en las próximas semanas. El anuncio saldrá publicado en el tablón del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). A partir de ese momento se abrirá un plazo de quince días para que los interesados en el puesto puedan presentar las solicitudes.
Concluido el trámite anterior, la Junta de Portavoces analizará las solicitudes y acordará el candidato. La propuesta de nombramiento se elevará al Pleno municipal y deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los concejales que asistan a la sesión. Si no hubiera solicitantes, el Pleno elegirá libremente a propuesta del alcalde.
El nombramiento tendrá una duración de cinco años y una misma persona no podrá ejercer el cargo más de dos mandatos consecutivos.
Consenso
Las bases que regulan el funcionamiento de esta novedosa figura, sus derechos y deberes fueron puestas la pasada semana a disposición de los colectivos que forman parte del Consejo de Participación Ciudadana. Éstos han presentado numerosas propuestas al documento, que serán analizadas en el Consejo que está previsto se celebre a finales de este mes. A partir de ahí la Junta de Gobierno Local podrá aprobar las bases para la convocatoria pública.
El Defensor del Ciudadano es una antigua aspiración de los grupos políticos que actualmente cuentan con representación, por lo que no debería haber mayores problemas para su nombramiento. Se da la circunstancia de que el Gobierno cuatripartito de Ernesto Marín también intentó crear esta figura e incluso la contempló en los presupuestos de 2008 como personal de confianza. Finalmente descartó la idea tras aceptar la alegación presentada por un particular que ponía de manifiesto a través de un informe jurídico que no podía ser cargo de confianza porque de esa manera se pondría en entredicho su objetividad e independencia.
