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Pareja detenida en Algeciras iba a Siria por inmolación de un familiar

Los acusados son Choukri El Hadouchi, de 30 años, marroquí, y Sara Vallejo Zeroual, de 23. Iban a integrarse en Daesh y les piden 6 años

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  • Pareja juzgada. -

El matrimonio formado por un marroquí y una española se enfrenta a seis años de cárcel cada uno por haber intentado viajar a Siria con su hijo de un año para integrarse en las filas del Dáesh y combatir con esta organización, como lo habían hecho dos hermanos del hombre, fallecidos en acciones terroristas.

Los acusados, que tendrán que comparecer hoy en el juicio que comienza en la Audiencia Nacional, son Choukri El Hadouchi, de 30 años, y Sara Vallejo Zeroual, de 23, que fueron detenidos por la Guardia Civil en abril del año pasado en el puerto de Algeciras (Cádiz) cuando intentaban irse a Marruecos para desde allí viajar a Siria.

Precisamente, como recuerda el escrito de conclusiones del fiscal, la pareja había sido informada de que un hermano de Choukri, llamado Achraf se había inmolado en Alepo (Siria) en una acción planificada por el Estado Islámico, como antes había fallecido otro hermano, conocido por el alias de Abu Jaber.


La pareja recibía constantemente mensajes de Achraf en los que adoctrinaba al matrimonio, que llegó a asumir las tesis radicales violentas y a comprometerse a trasladarse a Siria en el caso de que aquel falleciera, lo que finalmente ocurrió.

Entre los efectos intervenidos a los detenidos figura un teléfono móvil que contenía conversaciones de Choukri con sus hermanos en las que alentaban y apoyaban las acciones del Dáesh, así como vídeos y fotografías de las actividades de esta organización terrorista que incitaban a integrarse en ella.

Por un delito de adoctrinamiento pasivo mediante la tenencia de documentos idóneos para incitar a la incorporación a una organización terrorista, el fiscal pide tres años de cárcel para cada uno de los miembros de la pareja, así como otros tres por el delito intentado de integración en organización terrorista.

También solicita el Ministerio Público la inhabilitación absoluta y la especial para ejercer profesión u oficio educativo en los ámbitos docente, deportivo y de tiempo libre durante diez años más al de la efectiva pena de prisión que le sean impuestas, así como cinco años de libertad vigilada.

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