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Los grupos de la oposición reciben más documentación sobre el PLES

"Permitirá esclarecer los detalles de un plan de empleo a todas luces oscuro y que genera muchas dudas?, dice Andrés Núñez.

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Tras la celebración de una nueva jornada de la Comisión de Investigación del Plan Local de Empleo Social, el portavoz del equipo de gobierno, Andrés Núñez, ha informado hoy del traslado de documentación remitido a los grupos municipales de la oposición que la conforman.

Dicha documentación municipal procedente de diversas áreas del Consistorio “ayudan a entender cómo se gestionó el PLES, lo que permitirá esclarecer los detalles de un plan de empleo a todas luces oscuro y que genera muchas dudas”.

Así las cosas, el área de Intervención del Ayuntamiento de Chiclana ya informó mediante varios informes al ex-alcalde del PSOE, José María Román, de que los trabajadores del PLES no podían tener relación laboral con el Ayuntamiento, sino con Virgen del Carmen, que era quién directamente los contrataba. Además, la Delegación Municipal de Servicios Sociales también alertó mediante preceptivos informes de que la contratación de los chiclaneros encuadrados en el plan de empleo se estaba realizando sin el aval de la citada delegación.

Cabe recordar que tanto el Ministerio de Empleo y Seguridad Social como la Junta de Andalucía han tomado medidas respecto a la ejecución del PLES por parte del PSOE en Chiclana.

El primero ha propuesto una multa económica de 10.000 euros al Ayuntamiento de Chiclana por ceder trabajadores de forma irregular a la Asociación Virgen del Carmen, y la segunda, fruto de este hecho, ha demandado al Consistorio frente al Juzgado de lo Social por esta cuestión.

Otras consecuencias generadas de la aplicación del PLES es el pago de 225.000 euros públicos a la Seguridad Social por los seguros de los empleados contratados en el citado marco de empleo y no abonados por la entidad Virgen de Carmen, así como la no devolución de otros 171.000 euros de dinero público que se le concedió a la citada asociación y cuyo gasto aún no ha justificado, lo que podría suponer un coste para las arcas municipales de 400.000 € aproximados.

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