Un Juzgado de Instrucción de Madrid investiga la reforma de trece cuarteles por un empresario vinculado con el caso Mediador, después de que Asuntos Internos de la Guardia Civil observara que dos empresas obtuvieron una adjudicación supuestamente irregular de obras de acondicionamiento en la Comandancia de Ávila.

La Guardia Civil descubrió que el empresario Ángel Ramón Tejera al parecer recibió contratos, al menos en otros doce cuarteles más en España, según ha adelantado este viernes El Periódico de España.

El empresario es amigo del general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el único investigado que en la actualidad se encuentra en prisión provisional por el caso Mediador"

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Ávila abrió diligencias previas en 2019 por un delito de malversación a raíz de un atestado de Servicios Internos de la Guardia Civil en el que se denunciaba una posible actuación ilícita en una serie de contratos para obras en acuartelamientos, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL).

El juez instructor tomó declaración como investigados al entonces jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, a un empresario y a un colaborador de este último.

Tras estudiar el asunto, el Juzgado de Ávila entendió que no era competente, ya que el mayor cargo supuestamente implicado y al que señalaban las declaraciones efectuadas, un teniente general de la Guardia Civil, tenía la sede oficial en la Dirección General de Madrid.

Por lo tanto, dictó un auto en el que acordó la inhibición a favor del Juzgado Decano de Madrid para el conocimiento de todas las actuaciones y, tras resolver dos recursos de uno de los investigados, finalmente la inhibición supuso la continuación de la investigación por parte del Juzgado de Instrucción 3 de la capital de España.

A través de un auto, la Audiencia Provincial de Ávila explicó que Servicios Internos puso de manifiesto que entre el segundo semestre de 2016 y principios de 2017, indistintamente, dos empresas habrían conseguido la adjudicación de contratos para la realización de trabajos de pintura y de impermeabilización de edificios de numerosos acuartelamientos de la provincia de Ávila.

Matizó que se produjo esta circunstancia pese a que lo habitual era que ese tipo de obras las realizaran empresas locales (las dos adjudicatarias se encuentran domiciliadas en Canarias).

Los trabajos facturados se habrían abonado en su totalidad, con una asignación presupuestaria que se habría descentralizado desde la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil, pese a que los trabajos en muchos de los acuartelamientos no se habrían realizado en su totalidad, y en otros casos ni siquiera se habrían iniciado.

Como se puso de manifiesto a través de una declaración que la contratación de las empresas vino determinada por el teniente general entonces al frente de la Subdirector General de Apoyo de la Guardia Civil, con sede en Madrid, Asuntos Internos inició una nueva vía de investigación.

Las averiguaciones revelaron que en trece comandancias se habrían llevado a cabo trabajos de pintura e impermeabilización en fechas próximas a las anteriormente indicadas, incrementando enormemente la facturación e ingresos de dichas empresas, describe el auto.

Las comandancias en las que se llevaron a cabo estas tareas se encuentran en las provincias de Murcia, Albacete, Algeciras, Alicante, Ávila, Badajoz, Castellón, Huelva, Jaén, A Coruña, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Valladolid.