Los anticonceptivos de última generación serán financiados

Los anticonceptivos de última generación pasarán a ser financiados e incluidos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) tras un acuerdo alcanzado entre IU y ERC con el PSOE, anunció ayer en conferencia de prensa, el diputado de IU, Gaspar Llamazares.

Llamazares, que compareció junto al diputado de ERC, Joan Tardá, también anunció que ambas formaciones han llegado a un acuerdo para que en el proyecto de ley del aborto se reconozca el hecho de la objeción moral “por parte ‘únicamente’ de aquellos profesionales sanitarios directamente relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo”.

El diputado señaló que, pese al reconocimiento de ese derecho de los médicos a objetar, deberán hacerlo por escrito, y “no podrán cuestionar el derecho de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo”.

Dicho proyecto será debatido en la Comisión de Igualdad y la próxima semana que viene estará en el Pleno.
El acuerdo entre IU-ERC con el PSOE también incluye un “avance en relación a temas de educación sexual y de formación en los programas universitarios de los profesionales”.

“La educación sexual formará parte de la educación general de los niños y niñas, y por otra parte la formación de los profesionales incluirá la educación sexual reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo”, informó Llamazares.

En relación a la financiación de anticonceptivos de última generación en estos momentos no tienen ninguna participación publica y no están contemplados en la cartera del SNS, según recordó el diputado de IU.

“Hemos llegado al acuerdo de que estos anticonceptivos figurarán en la cartera del SNS con el nivel que se considere de cofinanciación, o el 40% o su totalidad”, explicó Llamazares, quien subrayó que de esta manera “por primera vez en nuestro país los anticonceptivos modernos pasan a ser financiados como cualquier otro fármaco”.

El diputado de IU anunció, a su vez, que se estudiará la gratuidad en colectivos concretos como grupos de escasos recursos, aunque ha precisado que “está por decidir los colectivos concretos”.

Sobre la objeción de conciencia, Tardá y Llamazares explicaron que el acuerdo sobre la objeción de conciencia consiste en que se reconoce el hecho “por parte únicamente de aquellos profesionales sanitarios directamente relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo”.