El Juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz ha dictado un auto de apertura de juicio oral contra la directora de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, Pilar Tubío, para quien la fiscalía pide una pena de nueve años de inhabilitación como responsable de los presuntos delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press.
Cabe recordar que tras el sobreseimiento del conocido como 'caso Matadero', en el que dos ediles del anterior gobierno del PP --del área de Familia y Asuntos Sociales-- fueron acusadas de una supuesta irregularidad en la adjudicación de viviendas protegidas, el PP anunció que llevaría a Fiscalía, entre otras personas, a la concejal del Consistorio gaditano Eva Tubío y a sus dos hermanas --trabajadoras de la Delegación de Asuntos Sociales-- para que se dedujera testimonio "por las declaraciones realizadas por las tres en sede judicial".
El PP explicó tras el sobreseimiento del caso que en septiembre de 2013, el entonces portavoz del PSOE, Fran González, se presentó en Fiscalía para decir que una de las hermanas Tubío "presentó su dimisión ante las presiones políticas" de las dos concejales del PP para cambiar los criterios para la adjudicación de viviendas en la promoción de Matadero, "afirmando que había tenido conocimiento de tales hechos a través de las manifestaciones de un representante sindical de Autonomía Obrera y miembro de la Junta de Personal del Ayuntamiento".
En este sentido, el PP llamó la atención de que un jueves, 19 de septiembre de 2013, Pilar Tubío mantuvo una reunión con la Junta de Personal "y al lunes siguiente, con un fin de semana de por medio, el portavoz del PSOE redactó una denuncia, bastante densa, y la presenta a Fiscalía, que al día siguiente abre diligencias".
Por todo ello, cuando se archivó el caso, el PP dijo que actuaría en los tribunales, porque "no" iba a "permitir que aquellos que intentaron quemar en la plaza pública a las dos concejales, que llegaron a ser imputadas ni llamadas a declarar, paguen por ello".
Así, presentó cargos en la Fiscalía contra la que entonces era directora de Servicios Sociales, que vuelve a serlo actualmente, como responsable de un delito de prevaricación administrativa. Además, el PP, como acusación particular también pide responsabilidades por un presunto delito de falsedad en documento público.
Ahora, el Juzgado de Instrucción número 1 ha acordado la apertura de juicio oral contra la actual directora de Servicios Sociales y señala en su auto que sea la Audiencia Provincial la que acoja el juicio.
