Tras hacerse público que la Fiscalía rechaza actuar contra el alcalde, José María González, el exedil de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, y el jefe de Gabinete del Ayuntamiento gaditano, José Vicente Barcía, por las declaraciones en las que acusó al anterior equipo de Gobierno del PP de suministrar agua contaminada "a sabiendas" en el Barrio de Loreto, el Grupo Municipal Popular quiso recordar a la Fiscalía que la Audiencia Provincial sí ve indicios de delito "en las calumnias que González, Bauza y Barcia, vertieron el 7 de marzo de 2016 en el acto ante vecinos y medios de comunicación que se celebró en el edificio Marifa de Loreto sobre lo acontecido en ese barrio en octubre de 2014".
Los populares gaditanos han recordado "que el archivo de la causa contra estas tres personas decretado por el juzgado de instrucción actuante fue rechazado por la Audiencia Provincial de Cádiz" que, en un auto fechado el 30 de diciembre de 2016 desmonta de manera “muy rotunda” los argumentos dado para el pretendido archivo.
La sección cuarta de la Audiencia Provincial "en su auto número 590/2016 llega a afirmar, literalmente que según el criterio de este Tribunal no cabe descartar la posible existencia de un delito de calumnias e injurias como realiza la juez" y ahondando en su tesis indica que “el ejercicio de la libertad de expresión y opinión no ampara ni justifica sin mas el empleo de frases en las que se atribuye la comisión de delitos dolosos que claramente atentan contra la honorabilidad de aquellos cuyo comportamiento no es que se critique, es que se tacha de delictivo y no como hemos visto de forma genérica y vaga”.
El Grupo Popular de Cádiz también "lamenta que la Fiscalía no haya tenido en cuenta lo expuesto por la Audiencia en referencia al reconocimiento que hicieron los tres investigados de lo dicho en ese acto a la hora de confirmarlo en la papeleta de conciliación, …por lo que un archivo carente de diligencias es más que prematuro, máxime cuando dentro de la documental aportada, además de diversos artículos periodísticos, se aporta la contestación que los tres querellados realizan a la papeleta de conciliación y en dicha contestación se señala que lo que se dijo quedó fielmente reflejado en todos lo medios de comunicación que informaron sobre dicha Asamblea y en lo que nos reiteramos los firmantes de este escrito, es que a la luz del citado informe, durante 14 días Aguas de Cádiz S.A. empresa pública de la que era presidente el demandante Ignacio Romaní y cuya gerencia dependía directamente del anterior Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de la ciudad presidido por la demandante Teófila Martínez, y formada únicamente por miembros del Partido Popular, a sabiendas suministró agua contaminada, no apta para su consumo, a los vecinos de la Barriada Loreto...”.
Los populares, finalmente, lamentan además que, "aún estando personados como acusación en la causa, nos hayamos enterado por la prensa en vez de ser notificados por la Fiscalía. No nos parece la manera correcta de actuar de una institución como ésta y más aún en un asunto en el que se juzgan delitos penales de este calibre”.
