“Nos quedaríamos sin presupuestos por un tiempo indefinido”, si se aprobaran las alegaciones y se retiraran los diez millones de ingreso por la Tribuna del Estadio. Así de tajante respondía el delegado municipal de Economía, Hacienda y Deuda en el Ayuntamiento gaditano, David Navarro. Ironizó con que sería “un indicio más de la lealtad institucional de los partidos de la oposición hacia esta ciudad”.
Ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malosConsideran que “más tarde o más temprano se venderán los locales del Estadio”. El miércoles, el Gobierno local mantenía negociaciones con un grupo inversor interesado en la compra del Estadio y “desde el lunes ha habido más de una decena de interesados en la compra del hotel del Estadio Carranza”. Ahora con la subida del Cádiz “tenemos menos dudas de que se venderá”.
Navarro insistió en que por parte del Gobierno local se ha hecho “todo lo posible y más para negociar los presupuestos”. Recalcó en que se mantenían dispuestos al diálogo y ya no sólo centraban su objetivo en el PSOE, al que el día después de las elecciones le tendía la mano, sino al resto de grupos de la oposición. Navarro añadió que “ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos”.
Lo que en estos días ha indignado al concejal de Hacienda ha sido que “se cuestione la labor de un equipo técnico que resulta que es el mismo que ha trabajado codo con codo con el PP todos estos años”.
A pesar de las advertencias del PP, del concejal José Blas Fernández, de que “haya irregularidades en el procedimiento para resolver las alegaciones y aprobar el presupuesto” el próximo viernes en el Pleno municipal. La teoría de Fernández se centra en que la comisión informativa es “incompetente” para abordar tanto la resolución como el presupuesto. “Ha visto algo que no le corresponde”, de ahí que considere que “las alegaciones tendrían que verse en Junta de Gobierno Local, puesto que el presupuesto se aprobó inicialmente en dicho órgano”.
Según Fernández, llevar al Pleno las alegaciones, “además de irregular es intentar justificar su incompetencia, pues saben perfectamente que serán admitidas y el documento presupuestario entraría en desequilibrio, lo que es directamente ilegal”. Para ello se basó en un informe de la FEMP y en la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad.
A este respecto, David Navarro matizó que “Fernández no hace advertencias, sino que le da barniz de amenaza”. En ese sentido, se refirió a lo ocurrido en la comisión previa al Pleno de presupuestos donde “nos amenazó con llevarnos a los tribunales y que si se llevaba a Pleno en lugar de a la Junta de Gobierno Local, terminaría en el contencioso administrativo. Todo esto vociferando, por lo cual perdía toda legitimidad”.
El problema está entonces en que, por el procedimiento, la ciudad se quede sin presupuestos. Si se aprobasen en Junta de Gobierno (que es por donde pretendía el PP), se supone que no habría problema en que salieran adelante, pero si se llevan al Pleno, y se aprueban las alegaciones de la oposición: el presupuesto tendrá que dejarse sobre la mesa y volver a modificarse.
