El alcalde, Bruno García, se comprometió a ser el primer edil “más social”. Cada viernes, desde que preside las juntas de gobierno local, arranca su comparecencia con las ayudas concedidas y ha expresado en innumerables ocasiones “su sensibilidad” ante las personas en situación de vulnerabilidad. Pero también ha hecho pedagogía sobre el papel que desempeña el Ayuntamiento en casos como el de Tamara Manzano, que abandono el piso de Procasa que ocupó indebidamente porque contaba con un centenar de familias con mayor necesidad.
VIVA CÁDIZ ha cuestionado respecto al protocolo de los Servicios Sociales en materia de vivienda concretamente. La información facilitad indica que en 2024 se tramitaron 11.730 prestaciones municipales, de las que 5.985 fueron ayudas para el pago del alquiler, hipotecas o adquisiciones de nuevos inmuebles. En total, se invirtió 2,6 millones de los 3,5 que se destinaron a ayudas de emergencia social. En 2025, se han concedido 2.078 ayudas para 851 familias beneficiarias.
Para determinar la vulnerabilidad de una familia y los fondos que pudieran corresponderle, Servicios Sociales “lleva a cabo un trabajo minucioso y basado en criterios técnicos”, apuntan fuentes municipales. El primer paso es recopilar ingresos que tiene la unidad familiar y, sobre estos, restar los gastos deducibles como coste del alquiler o hipoteca, luz, agua, alimentación o comunidad. Deducidos los gastos, el importe que debe quedar libre para las familias es del 45% del IPREM, unos 270 euros. Si la familia supera esa cifra, no pasa a la siguiente baremación.
En ésta, se cruzan informes económico y social para determinar la cuantía de la prestación y duración, con la posibilidad de prórroga si la situación de carencia permanece. Estos criterios llevan años fijados, pero se actualizan de acuerdo a los costes de suministros y los parámetros necesarios cada ejercicio.
Las familias que precisan con carácter permanente acceso a un recurso habitacional diferentes a las ayudas para viviendas en régimen de alquiler han de inscribirse en el registro público de demandantes de vivienda, obteniendo una puntuación y un orden de prioridad. En el caso de extrema vulnerablidad, la familia son examinadas según el Baremo de Exclusión Social, en vigor desde hace quince años y revisado anualmente. En este baremo se tiene en cuenta parámetros como la red de apoyo con la que cuenta la familia, habilidades sociales, formación, capacidad adquisitiva o estado de salud. Cada indicador tiene una ponderación que ofrece, finalmente, una puntuación que da un grado de vulnerabilidad moderada, severa o grave. Solo la vulnerabilidad grave da la excepcionalidad a la hora de obtener vivienda. Además, Servicios Sociales elabora un plan personalizado para que la situación mejore y la familia pueda vivir de manera autónoma.
