González-Sinde presentó este conjunto de medidas en el pleno del Congreso durante una interpelación del grupo popular cuyo portavoz, José María Lasalle, planteó la posibilidad de que exista una Agencia Estatal de la Propiedad Intelectual que cohesione, gestione y dirija el funcionamiento de estas entidades.
La titular de Cultura anunció una modificación parcial de la Ley de Propiedad Intelectual que impida a las entidades de gestión la creación indiscriminada de fundaciones y sociedades mercantiles.
De esta manera, solo serán autorizadas por la Administración pública competente aquellas que tengan un interés manifiesto y que sean necesarias para desarrollar actividades complementarias.
González-Sinde recordó que la investigación judicial de la Audiencia Nacional se centra en la filial digital de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), una sociedad mercantil cuyo exdirector general, José Luis Rodríguez Neri, está en prisión por orden del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
La ministra, que esta tarde comparecerá ante la Comisión de Cultura del Congreso, indicó que “no es que las entidades funcionen mal, simplemente unos individuos presuntamente han violado la ley y se les ha detenido, no hay que olvidarlo”.
Tanto en la interpelación como en la contestación a la pregunta que el diputado del PP Rafael Rodríguez Ponga le planteó en el mismo pleno, la ministra recordó que las competencias del Ministerio sobre esas entidades se limitan a otorgar o revocar la licencia, exigir información, ordenar inspecciones y tener un representante con voz pero sin voto en sus juntas.
Ninguna de ellas ha sido suficiente para detectar los problemas que se han producido en una sociedad mercantil dependiente de la SGAE, sobre la que no tienen competencias, reiteró.
Además, recordó que fue durante el mandato de Esperanza Aguirre como ministra de Educación cuando la SGAE propuso un cambio en sus estatutos para poder crear sociedades mercantiles.
