El equipo de Gobierno de la Diputación de Cádiz ha dado carpetazo a la polémica suscitada por la modificación presupuestaria 64/2023 por valor de 31,5 millones de euros procedentes de la liquidación del presupuesto de 2022 para financiar inversiones en una docena de ayuntamientos en un debate bronco en la sesión plenaria de este miércoles.
El vicepresidente primero de la institución provincial y portavoz, Juancho Ortiz, ha escrimido los informes de Secretaría General, Asesoría Jurídica y Área de Economía, Hacienda y Gestión Administrativa para tumbar las alegaciones presentadas por los portavoces de los grupos municipales del PSOE en los ayuntamientos de Los Barrios, Tarifa, Puerto Real, Barbate, Setenil de las Bodegas, Villamartín, Conil de la Frontera, Arcos de la Frontera, Alcalá del Valle, Alcalá de los Gazules, Bornos, Estella del Marqués, San José del Valle y San Roque, además de la portavoz y el presidente del grupo socialista en la institución provincial, Ana Carrera y Juan Carlos Ruiz Boix, respectivamente.
Dichos informes coinciden en que los documentos fueron presentados en plazo, pero cuestionan la legitimidad de los portavoces de los grupos municipales del PSOE para presentar dichas alegaciones.
En cuanto al contenido de las objeciones socialistas, los técnicos de Diputación justifican la urgencia con la que se debatió y sometió a votación la modificación presupuestaria en el Pleno del pasado 20 de septiembre y, acudiendo a las memorias que constan en el expediente, la necesidad de acometer las actuaciones para las que se requiere la aprobación del expediente de modificación presupuestaria, dado que afirman la no existencia de posibilidad de demorar al siguiente ejercicio la ejecución.
Respecto al resto de reclamaciones, todas de contenido económico, concluyen la adecuación a derecho de la elaboración y aprobación de la modificación presupuestaria.
Ruiz Boix ha aclarado que, sin intención de cuestionar el dictamen de los técnicos, los informes no entran en el fondo de las alegaciones del PSOE, en relación a una presunta vulneración del principio de publicidad de subvenciones “para que nos enteremos todos” de que existían fondos disponibles, y no que el reparto del remanente “se haya realizado mediante llamadas a alcaldes”.
En este punto, el debate saltó por los aires al tomar la palabra nuevamente Ortiz, quien acusó a los socialistas de presentar “tres o cuatro” objeciones y “copiarlas y pegar veinte veces”, presentándola desde los diferentes municipios, y acusó a Ruiz Boix de ser “el rey de los trileros”.
El vicepresidente de la Diputación cargó también contra el líder provincial del PSOE a quien consideró “nervioso” por estar “arrinconado” en el Congreso, dado que también es diputado. “Tal vez pensaba que lo nombrarían ministros”, ironizó.
Ruiz Boix, que reiteró que la elección de los proyectos para financiar nuevas inversiones este año de ayuntamientos y entidades sociales, culturales y deportivas benefician en un 93,88% a los gobernados por el PP y La Línea 100 por 100 de forma “arbitraria y discrecional”, dado que El Puerto, Algeciras y Jerez, con Germán Beardo, José Ignacio Landaluce y María José García-Pelayo, del PP, como alcaldes, suman, por su parte 7, 5,1 y 4,2 millones, entró al trapo.
En lo personal, pidió a Ortiz y a la propia presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, que no se preocuparan por sus cargos (acumula cuatro, el de secretario general del PSOE en la provincia, diputado nacional, alcalde de San Roque y portavoz en la institución provincial) porque decidirá en su momento y, en cualquier caso, “lo veo con normalidad”.
En cuanto a la modificación de crédito, reiteró que el expediente es el que “más alegaciones acumula en la historia de la Diputación”, y volvió a calificar el reparto “discrecional” como “orgía”.
A esto, Ortiz, que cerraba el turno de intervenciones, contestó que a Ruiz Boix que al hablar de “orgía habla con propiedad” porque su partido, el PSOE, gastó dinero público “en prostitutas y cocaína”. “Con Juanma Moreno en la Junta” y con el PP en Diputación, “eso no se hace”, concluyó.
Tras el rifirrafe, la modificación de crédito fue aprobada definitivamente con los votos del PP y La Línea 100x100, la abstención de IU y el no, como no podía ser de otra manera, del PSOE.
