El empresario y candidato de Ahora Cádiz, Eugenio Belgrano, se enfrenta a una petición por parte del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras en y la Parroquia de San Antonio de Padua, que ejercen la acusación particular, de tres años y tres meses de prisión y una indemnización de 52.000 euros por daños y perjuicios causados en yacimientos arqueológicos y diferentes inmuebles del subsuelo de la ciudad con valor histórico. La Fiscalía, por su parte, solicita ante el Juzgado de lo Penal una multa de 24 meses con una cuota diaria de 8 euros por un delito continuado de daños sobre el patrimonio histórico.
En el escrito, que dio pie a la apertura de juicio oral, que se celebrará el próximo 2 de febrero, advierte de que Belgrano es aficionado a la investigación e historia de Cádiz sin que ostente titulación académica ni universitaria en el ámbito de Humanidades ni similar.
Durante los años 2011, 2012 y 2013, el empresario y candidato de Ahora Cádiz llevó a cabo actividades arqueológicas sin autorización previa, según Fiscalía, al tiempo que remarca que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte le advirtió de ello en dos ocasiones, a principios de 2014 y a finales de 2015.
Respecto a los hechos denunciados, el escrito relata que en verano de 2014, Belgrano accedió a la Parroquia de San Antonio de Padua sin autorización administrativa ni permiso del Obispado de Cádiz y efectuó sin la pericia necesaria un hueco con taladro en el solado, rompiendo la techumbre de una de las bóvedas de la cripta para intentar localizar los restos del imaginero Jacinto Pimentel.
Entre mayo y junio de 2015, el acusado, según la Fiscalía, llevó a cabo obras de rehabilitación del aljibe en el sótano del número de la calle Valverde, conocido como El Beaterio. En esta ocasión, además de localizar dos proyectiles, lo que obligó a actuar a la Policía Nacional, procedió al derrumbe de un tabique para efectuar visitas a las llamadas cuevas catacumbas por un precio que oscilaba entre 3 y 6 euros, pese a contar solo con licencia de apertura como sala de exposición.
Finalmente, el escrito señala que, en octubre de 2015, perforó el suelo de la Iglesia de Santa Cruz, conocida como la Catedral Vieja, y considerada BIC, alterando los depósitos funerarios sin contar nuevamente con autorización administrativa ni permiso del Obispado de Cádiz.
