La Junta le va a dar más competencias urbanísticas a los ayuntamientos, pero eso no significa que se vaya a volver a los tiempos en los que la vigencia económica del ladrillo se tradujo en desmanes de todo tipo. “Esto no es una barra libre a ningún desmán urbanístico”, ha reiterado este martes la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, que ha insistido en que “el cumplimiento de la ley es sagrado” y en que es “absolutamente compatible” dar más margen de maniobra a los municipios y cumplir las normas.
Y es que ese aumento de competencias se va a hacer, sobre todo, para que no se produzca el atasco urbanístico que, según ha denunciado el Gobierno andaluz, que sufren los consistorios. Como muestra, hoy la tramitación de la normativa urbanística de un municipio necesita más de nueve años, cuando hace una década la media estaba en 2,7 años. El objetivo ahora es desandar este camino y volver a situarse en una espera que oscile entre los dos y los tres años.
La Junta, en definitiva, y en palabras de la consejera, va a “flexibilizar”, “agilizar” y “simplificar” los trámites para quitarles a los ayuntamientos la “soga administrativa” que ahora arrastran. La Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), vigente desde 2003, no ha sabido dar una solución, lo que ha provocado un “atasco” que según la Administración andaluza es de dimensiones colosales.
Una muestra de ello es que tres de cada cuatro municipios andaluces no disponen de un instrumento de planeamiento adaptado a esta ley, en concreto 607 de los 786 que hay en Andalucía. De ellos, el 82% se encuentra actualmente tramitando un nuevo planeamiento, es decir, que 496 planes urbanísticos están atascados, de los que 361, además, están en su fase de aprobación inicial, por lo que todavía les queda mucho por delante.
Y otro dato: 51 municipios no tienen todavía ninguna figura de planeamiento municipal propia como marca la ley. Son, eso sí, pequeños pueblos con una media de 730 habitantes, de los que 23 están en Granada, 22 en Málaga y seis en Huelva.
