Los jueces han elevado el tono de sus protestas contra el Gobierno en demanda de más medios personales y materiales para la Administración de Justicia y han comenzado a hablar abiertamente de la posibilidad de ir a la huelga, medida controvertida y sin precedentes en este colectivo.

La situación se ha vuelto insostenible, según los jueces, y de hecho ya muchas de las juntas de jueces de toda España han decidido reunirse el 21 de enero para determinar si van a la huelga o no. En otros casos, como las de Extremadura o Murcia, ya han convocado directamente un paro el 18 de febrero.

El asunto no tiene precedentes por cuanto jamás se ha producido una huelga de jueces  en España. De hecho, oficialmente el Consejo General del Poder Judicial ha puesto de relieve que la huelga no está ni reconocida ni prohibida.

El clamor de los jueces se ha producido como consecuencia de impactos mediáticos -caso Mariluz- en los que se ha evidenciado claramente una falta de medios tanto materiales como técnicos en los juzgados. Así, es evidente que los jueces, como personas, sólo tienen dos manos. Exigirles más de lo que les permiten sus posibilidades es un error.