Queremos Puerto en el ejercicio de su libertad de expresión, con respeto pero siempre con argumentos vamos a dar nuestra opinión sobre una de las medidas recogidas en el anexo 7.1 del documento Pacto y Programa de Gobierno progresista y social sobre el que sustenta el Gobierno tripartito: Eliminación de la tasa de zona naranja, medida con un plazo de inicio de una semana y un mes de finalización.
Desde el punto de vista legal, pasamos a exponer nuestra opinión jurídica salvo criterio mejor fundado en Derecho. Tras consultar toda la legislación sobre Haciendas Locales, concluimos que la Ordenanza fiscal Nº 40 sigue teniendo vigencia en tanto no se acuerde su derogación.
La competencia para aprobar, modificar o derogar una Ordenanza la tiene el Pleno Municipal con el siguiente desarrollo legal y de plazos: Pleno para instar a la derogación inicial, Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo si las hubiere, derogación definitiva por el Pleno y por ultimo publicación en el BOP, momento en el cual deja de tener vigencia.
A la vista de estos considerandos, la medida propuesta por el tripartito no puede cumplirse hasta que no se acuerde la derogación de la Ordenanza, y por tanto, sigue estando en pleno vigor. Recordamos al Gobierno Municipal que en la toma de posesión de sus cargos, juraron o prometieron, cumplir y hacer cumplir las leyes, y una Ordenanza Municipal es una norma jurídica mas de Nuestro Ordenamiento. Cualquier acción u omisión por parte del Gobierno Municipal en la eliminación de esta tasa, estando vigente, podría ser constitutivo de un presunto delito de prevaricación “administrativa” tipificado en el artículo 404 del Código Penal.
El voluntarismo político se enfrenta, en un Estado de Derecho, al cumplimiento de las Leyes, y dentro de estas, a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y a un componente de ética democrática que se traduce en que las promesas electorales deben tener una base legal, económica y técnica que hagan posible ofrecérselas al posible votante con la patina de poder cumplirse. Desde el punto de vista económico, recordemos que la gestión de esta tasa está encomendada a IMPULSA a través de una concesión administrativa vigente hasta el año 2022.
La eliminación de la zona naranja supondría un coste económico para el Ayuntamiento porque habría que indemnizar a IMPULSA tanto por las inversiones no amortizadas como por el lucro cesante hasta el fin de la concesión.
Además, no podemos olvidar la pérdida de puestos de trabajo que tal supresión supondría en una ciudad donde la tasa de paro es altísima y que el tripartito se ha comprometido a reducir. La conclusión es clara, dejarán de pagar la tasa los ciudadanos que estacionen sus vehículos para ir a nuestras playas, pero las consecuencias económicas que se derivan de la supresión de la zona naranja, la pagaremos todos los portuenses.
Desde el punto de vista del nuevo modelo de participación ciudadana que quiere instaurar el tripartito y que genéricamente definen en el punto 2.2 como “espacios mixtos participados vinculantes, es decir, espacios para el debate y la toma de decisiones que vinculan la actuación de gobierno, en el que participan, además de sus miembros, el personal técnico y la ciudadanía.
Estos espacios se articulan a través de las mesas sectoriales y de participación”. Existe una plataforma reivindicativa de portuenses que se manifiestan legítimamente en contra de la zona naranja, pero también hay portuenses que viven en las urbanizaciones afectadas, y que aunque no se manifiestan, están en su legítimo derecho de posicionarse a favor de la zona naranja. Si el tripartito es coherente con su voluntad política de participación ciudadana debería articular una “mesa sectorial y de participación” donde estuviesen representadas ambas sensibilidades.
En cualquier caso, Queremos Puerto pone a disposición del Gobierno Municipal por si nuestra propuesta es de su interés, mantener la zona naranja pero aplicando la exención de la tasa a aquellos ciudadanos que tributen por el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica y a los residentes que tributen por IBI, dejando solo como sujetos pasivos obligados al pago a aquellos visitantes que acudan a la playa para compensar la servidumbre de ser una ciudad costera y contribuir de esta forma a los servicios de mantenimiento, limpieza, médicos, de vigilancia y socorrismo de nuestras playas.
Nuestra propuesta, creemos que sensata, se viene desarrollando desde hace mucho tiempo en ciudades con una mayor proyección turística que la nuestra, y ayudaría no solo a conciliar las dos sensibilidades ciudadanas antes expuestas, sino que además no supondría un coste económico para el Ayuntamiento ya que el plan de negocio de IMPULSA se vería mínimamente influenciado, además de conservar los puestos de trabajo.
