Si es usted titular de una de las 38 millones de tarjetas de crédito emitidas en nuestro país estoy seguro que no habrá tenido la suerte de que su entidad le exima de los pagos realizados con la misma, antes bien, si no son atendidos puntualmente, seguramente, terminarán siendo reclamados por la vía judicial. En realidad este procedimiento está dentro de los términos que todos los ciudadanos asumimos, todos salvo los consejeros y algunos altos cargos de Caja Madrid, hoy Bankia, porque, mientras su entidad tenía que recibir 22.400 millones de euros de fondos estatales, míos y de ustedes, para evitar su quiebra total, ellos las utilizaban con toda prodigalidad en beneficio propio gozando de una inmunidad fiscal que les proporcionaba las triquiñuelas contables de su entidad.
Esta actuación de algunos consejeros y altos directivos de la caja madrileña, responde, en mi criterio, a una distorsión total de la conceptuación de la gestión a realizar. Los casos, en muchas cajas de ahorros, no solo de la índole que hoy nos ocupa, han rebasado sobradamente todos los límites éticos establecidos, pues, además de estas prebendas, consejeros y altos directivos gozaban, de otras ventajas como créditos blandos, dietas millonarias, viajes de lujo gratuitos etc. Estas entidades, que desempeñaron un papel esencial en el desarrollo de la clase media española, fueron objeto de la colonización política que transmutó el sentido claro de su función y del objetivo para el que fueron fundadas siendo utilizadas, en su lugar, bajo la excusa de potenciar la expansión económica de cada territorio de su influencia, para manipular y subvertir la gestión a su antojo aplicando criterios políticos y de amiguismo a ultranza, como si se trataran de un apéndice más de sus partidos, ( ¿ en qué código se basaron para condonar créditos millonarios a sus propios partidos?) , y de financiar proyectos demenciales solo amparados en su fiebre populista y, en definitiva, para aniquilar una de las más fructíferas instituciones del entramado financiero español que, al final, han necesitado más de 50.000 millones de euros para su rescate destruyendo 63.000 puestos de trabajo.
Asuntos como los que hoy nos ocupan, junto al rosario de otras corruptelas y perversiones, además de exigir ser clarificados y recuperar los importes fraudulentamente apropiados, alimentan claramente la irritación ciudadana, no sólo contra los actores, sino contra la clase política en general señalados, en primera y última instancia, como los responsables de estos desmanes, además de contribuir a incrementar la desafectación cívica, alimentando las expectativas electores de esa nueva opción política aunque su programa esté basado en propuestas inasumibles. Cuesta mucho trabajo convencer a los votantes de que las aportaciones realizadas por el Estado para salvar entidades pueden estar justificadas para evitar el hundimiento de los sistemas, sobre todo cuando comprueban que parte de esas ayudas han terminado en los bolsillos de algunos dirigentes de esas entidades.
¿PARA CUáNDO LA REGENERACIÓN DE LA GESTIÓN POLÍTICA DE UNA … VEZ?
