Los cinco hermanos Ruiz-Mateos (Pablo, Alfonso, Zoilo, Álvaro y Francisco Javier) han asegurado que era su padre quien tenía todo el poder de decisión tanto en la antigua Rumasa como en Nueva Rumasa.
"Mi padre decía a las 12 en el notario y eso iba a misa, y punto pelota", ha declarado Álvaro.
Los cinco hermanos han declarado hoy junto con su primo Zoilo Pazos Jiménez en el proceso que se sigue contra ellos en el caso Finamerco en el que junto a María Ángeles Gil (secretaria de Ruiz-Mateos padre), Víctor Tomás de la Cruz (su chófer, guardaespaldas y delegado del Rayo Vallecano), Encarnación y Carlos Solana y Nuria Milagrosa, están imputados por insolvencia punible.
Álvaro Ruiz-Mateos ha asegurado que "ninguno de los que están en esta sala tienen poder de administrador. En este grupo (Nueva Rumasa) y con mi padre, el administrador de derecho no pinta lo que la ley dice que es", ha subrayado.
"Mi padre, de 84 años ha trabajado 70, y en ellos ha hecho infinidad de cosas buenas, y lo que no me vale es que para lo bueno, es un fenómeno mi padre y para lo que no es bueno, son los hijos".
A preguntas del fiscal y de los abogados de la defensa y de la acusación sobre si su padre le pidió que fuera administrador de alguna empresa, Álvaro ha declarado que las cosas no funcionaban así.
"Mi padre nunca ha preguntado si quería ser administrador, eran ordenes que iban a misa, te decía mañana a las 12 al notario, y punto pelota. Mi padre en el 1996 era una persona radicalmente diferente a lo que es hoy y para un hijo no le quiero contar".
En el caso Finamerco se les imputa el presunto delito de insolvencia punible a raíz de una operación en la que los acusados, "actuando de común acuerdo y guiados por el ánimo de enriquecerse ilícitamente, efectuaron operaciones mercantiles entre el 30 de julio de 1997 y el 31 de marzo de 2000 que tenían por objeto la declaración de la quiebra de la entidad Finamerco".
Era una sociedad de la que eran administradores Pablo, Alfonso, Zoilo Ruiz-Mateos, Encarnación y Carlos Solana Contreras y Nuria Milagrosa.
Finamerco era la sociedad que había comprado Bodegas Garvey a la firma Graspesherry por un importe de 650 millones de pesetas (3.906.578 euros), de los que en el acto de compra se pagaron 50 millones (300.506 euros), dejándose a deber el resto, 600 millones de pesetas (3.606.072 euros).
Según el escrito de calificación provisional, la imputación de insolvencia punible se establece por la concatenación de la ejecución por parte de los acusados de operaciones fraudulentas consistentes en la "despatrimonialización" de la sociedad compradora, a fin de no hacer frente a las obligaciones mercantiles contraídas por contrato.
