El exjefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía Francisco del Río se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar ante la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares pero ha presentado un escrito en el que defiende que su actuación "en todo tiempo y momento se ha ajustado al más genuino y escrupuloso respeto de la legalidad".

   Tras negarse a declarar ante la magistrada Mercedes Alaya, ni la Fiscalía Anticorrupción ni ninguna de las acusaciones han pedido medida cautelar alguna para el imputado.

   En este escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el imputado explica que se acoge a su derecho constitucional a no declarar hasta que no obre en la causa el atestado que está elaborando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la agencia IDEA "y se instruya del mismo, lo que no impide que una vez se cumpla lo anterior, solicite de la autoridad judicial se le reciba declaración en relación con los hechos".

   Así, señala que "está dispuesto a prestar su más leal colaboración con la autoridad judicial y las partes acusadoras para el esclarecimiento de los hechos que se investigan, desde su firme protesta de inocencia, rechazando desde ahora con toda energía los reproches acusatorios" contenido en el auto de imputación dictado por la juez el pasado 13 de mayo.

   Al hilo, defiende que su actuación como jefe del gabinete jurídico de la Junta "en todo tiempo y momento se ha ajustado al más genuino y escrupuloso respeto de la legalidad en el ejercicio de la alta misión que le venía encomendada desde su absoluta independencia, con la única sujeción a la Constitución y Leyes del Reino de España y de la Comunidad Andaluza".

   En el escrito, el imputado dice que, sin perjuicio de lo anterior, "es innecesario recordar que el más elemental ejercicio del derecho de defensa" reconocido por la Constitución "impone que además de que se me informe puntual y detalladamente de los hechos que se me imputan, es necesario que en la causa obre inexcusablemente todo el material probatorio que siquiera provisionalmente permita sostener con la mínima consistencia los hechos que como presuntamente típicos se me atribuyen".

RECLAMA "CON CARÁCTER URGENTE" EL ATESTADO DE IDEA

   Al hilo, Francisco del Río defiende que este particular, "en este momento y recogiendo las distintas informaciones a las que he tenido acceso, no parece que sea una realidad, singularmente por cuanto en las presentes diligencias y a la fecha, salvo error por nuestra parte, no figura el atestado de la UCO sobre IDEA".

   A su juicio, ello "exige necesariamente que con carácter urgente se reclame el mismo de la citada unidad policial para que sin excusa ni demora, y en el atestado en que se encuentre, se traiga a la causa y ponga a disposición de las partes tanto acusadoras como imputados".

   "La trascendencia de este particular en relación con el derecho de defensa y el derecho a un proceso con todas las garantías se acrecienta" en el caso del imputado, que el 31 de julio de 2012 "cesó en el cargo al frente del gabinete jurídico de la Junta que ha venido desempeñando desde 1982, prácticamente 30 años, con las correlativas consecuencias de alejamiento material de las más elementales fuentes de prueba, y sin que le sea exigible hacer depender su defensa de voluntarios ejercicios memorísticos", apunta.

LA IMPUTACIÓN DE ALAYA

   La instructora considera que Francisco del Río asistió a 14 sesiones del Consejo Rector "en las que se le dio cuenta de la firma de 22 convenios" entre el director general de Trabajo e IFA/IDEA, a los cuales, "en su labor de control como miembro del Consejo, no opuso reparo alguno".

   Asimismo, la juez dice que el imputado no opuso reparo a la firma del convenio marco de 17 de julio de 2001, "del que podría inferirse su conocimiento previo, dado el cargo que ostentaba y teniendo en cuenta que, según el exdirector general de IFA Francisco Mencía, "al mismo se le remitían los convenios particulares que debían ser objeto de aprobación por el Consejo y una copia de los mismos una vez que eran aprobados".

   "Indiciariamente, se puede llegar a la conclusión que, al igual que el resto de los vocales, aunque si cabe con mayor profundidad, Francisco del Río sería conocedor del procedimiento específico creado para sortear el cumplimiento de la legalidad a cambio de agilidad en el otorgamiento y pago de las subvenciones del programa 31L, a través de la presupuestación y uso inadecuado de las transferencias de financiación, omitiéndose burdamente la fiscalización previa por la Intervención General y las bases reguladoras de tales subvenciones", dice Alaya.

   La juez agrega que en esta actuación "abiertamente al margen del Derecho participaría el imputado como uno de los máximos valedores de la legalidad en la Junta, participación que podría determinar que dicho procedimiento específico pudiera conocerse, al margen de la información que tuviera el Consejo de Gobierno, por la Consejería de Presidencia".

"ESPECIAL FORMACIÓN"

   Al hilo, asevera que, "además de no oponer reparo a los 22 convenios citados, votó favorablemente a la ratificación o autorización de 32 convenios", todo ello pese a que, "por su especial formación, debía conocer al igual que el resto del Consejo que la figura de las transferencias de financiación sólo podía estar destinada a financiar las pérdidas de IFA/IDEA y que además la Consejería competente para financiar a la agencia desde mayo de 2004 no era la de Empleo, sino la de Innovación a la cual estaba adscrita IDEA".

   "La falta de lógica del sistema sería evidente, pese a lo cual se renovaría en cada ejercicio presupuestario, participando el imputado en el mismo autorizando el pago de múltiples subvenciones", razona.

   Tras Francisco del Río deben comparecer ante la magistrada los exdirectores generales de Finanzas del IFA Pablo Millán y Juan Vela, que cerrarán la ronda de declaraciones fijada por la instructora para esta semana.

   De manera previa, ha comparecido ante Alaya el exsecretario general de Empleo Francisco García, quien se ha acogido a su derecho a no declarar y para quien la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido medida cautelar alguna.

   Igualmente, estaba citado Felipe Romera Lubias, presidente de la Red de Espacios Tecnológicos de Andalucía, quien no ha comparecido ante la juez.