Así lo ha señalado este jueves el alcalde, José Enrique Fernández de Moya (PP), quien ha comparecido en rueda de prensa junto a los responsables de Personal y Hacienda, Miguel Ángel García Anguita y Miguel Contreras, respectivamente, para explicar los ejes del referido plan que se debatirá en el pleno municipal de este viernes.
Se trata de actuaciones que, según han destacado, vienen a mantener el plan de austeridad que inició el equipo de gobierno --que en nueve meses ha permitido ahorrar seis millones de euros-- ante la "quiebra" en la que se encuentran las arcas municipales, después de que el remanente de tesorería neto negativo pasara de 41,2 a 168 millones durante el mandato con PSOE e IU en el gobierno local.
El plan de ajuste, cuya implantación supondrá una "reestructuración administrativa del Ayuntamiento" en la que no han profundizado al hablar de líneas maestras que habrá que concretar y desarrollar en sus diez años de vigencia, tiene como objetivo el aumento de los ingresos y la disminución de los gastos, de modo que Contreras ha dividido en estos dos bloques las medidas.
El ahorro, cifrado en 26 millones de euros, llegará fundamentalmente con la reorganización de personal y algunas de sus condiciones y la revisión o licitación de contratos de determinados servicios. Con respecto a la plantilla, Contreras ha explicado que, con 1.496 trabajadores, "está sobredimensionada", por lo que no se realizan nuevos contratos y no se renuevan los eventuales que van concluyendo, a lo que se unirá la amortización de plazas, por ejemplo, de aquellas personas que en la próxima década se jubilen.
Preguntado por la posibilidad de despidos, el alcalde ha dicho que pondrán "la mano en el fuego por salvaguardar el mayor empleo municipal posible y el que, indudablemente, esté el consolidado" (funcionarios de carrera), grupo en el que desde el equipo de gobierno se ha venido fijando una línea roja.
En cualquier caso, ha dejado claro que "no se trata de que la medida se vaya a producir el lunes", sino de un "planteamiento que hay que formular a una década", por lo que, como muestra, la amortización de las casi 300 plazas de quienes ahora tienen 55 años sí se contempla en el plan. "Se trata de acompasar la reestructuración administrativa mediante el proceso de amortización de plazas y mayor eficiencia, eficacia y agilidad", ha apostillado.
Junto a ello, se reducirán las productividades, se disminuirá el número de liberados sindicales al máximo permitido por ley, se negociará un nuevo convenio colectivo que tenga en cuenta la situación actual del Consistorio, se pondrá en marcha un plan contra el absentismo y se instaurará la jornada laboral de 37,5 horas semanales, lo que permitirá una "reducción drástica de horas extraordinarias" que se dan actualmente.
UNIFICACIÓN DE ORGANISMOS
Además, en esa reestructuración del Ayuntamiento se anuncia la unificación de organismos autónomos que compartan un mismo área, como el Imefe, la escuela taller y el centro especial de empleo, por un lado, yo Cultura y la Universidad Popular Municipal, por otro.
Igualmente, según ha resaltado Contreras, en abril comenzará a funcionar la central de compras; se van a crear contratos y concesiones como el de alumbrado público, semafórico y fuentes ornamentales, que se unirán en uno haciendo posible el ahorro de un millones de euros frente al actual, al margen de negociar los existentes. Entre ellos destaca el de recogida y limpieza viaria, cuya vigencia termina en mayo, de forma que la nueva licitación pretende lograr un ahorro de cuatro millones.
Entre las medidas de contención de gasto, se contempla también un plan de eficiencia energética, la renegociación con Diputación del convenio sobre el servicio de Bomberos, junto a otros "pequeños gestos" que deben ser ejemplo "del compromiso de todos con la austeridad", tales como reducir la luz artificial en espacios comunes de edificios municipales, donde se aumentará la temperatura de en verano o el sistema de climatización se apagará poco antes de salir.
INGRESOS
En cuanto al capítulo de los ingresos, los dirigentes locales estiman que se generarán doce millones, de los que una buena parte, entre siete y ocho, se recaudarán como consecuencia de la revisión de los valores catastrales, algo que no se hace desde 1996 y que se aplicará coincidiendo con la aprobación definitiva del PGOU.
También se revisará el impuesto de vehículos, el más bajo de las capitales andaluzas; se potenciará la eficiencia en la recaudación ejecutiva y voluntaria con la mejora de este servicio; se impulsarán acuerdos con otras instituciones, que puede suponer un incremento de 1,2 millones al año; al tiempo que se renegociará el convenio por el que la Diputación gestiona y recauda las sanciones y multas de tráfico. La intención es rebajar del 30 al cinco por ciento la cuantía que se queda la Administración provincial para sufragarlo y una vez cumpla el acuerdo, en 2014, recuperar esta prestación.
Asimismo, se fomentará la inspección tributaria, se buscará la autofinanciación de servicios públicos por tasas y precios públicos y se licitará la gestión del cementerio municipal, además de revisar la categoría fiscal de las calles de la capital.
