La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha iniciado un expediente sancionador contra varias empresas del grupo Endesa por posibles prácticas anticompetitivas. Según la CNMC, entre 2020 y 2023, Endesa habría priorizado las solicitudes, incidencias y reclamaciones de sus filiales frente a empresas competidoras.
En particular, se investiga a E-Distribución Redes Digitales, Endesa Operaciones y Servicios Comerciales y a sus matrices –Endesa y Endesa Energía– por un posible abuso de posición de dominio en el mercado de la distribución eléctrica. Estas prácticas afectarían a territorios donde Endesa opera como distribuidora: Andalucía, Aragón, Badajoz, Castilla y León, Cataluña, Ceuta, Galicia, Islas Baleares e Islas Canarias.
La investigación se centra en el presunto trato discriminatorio y preferente que el grupo Endesa habría dado a la resolución de solicitudes, reclamaciones e incidencias de sus propias filiales, en detrimento de terceras empresas competidoras. Los trámites investigados incluyen la comercialización de energía eléctrica, la instalación de equipos y prestación de servicios de medida eléctrica, servicios energéticos y el autoconsumo.
Desde Endesa defienden que e-distribución ha actuado en todo momento "cumpliendo la legislación y respetando escrupulosamente el principio de neutralidad [...] que garantiza que no se produce ningún trato de favor a ningún agente". Además, la empresa recordó que la apertura del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación, en la cual han colaborado aportando toda la información requerida.
Endesa también subrayó su compromiso con el autoconsumo, destacando que a junio de 2024 e-distribución había activado más de 295.000 suministros de autoconsumo, un incremento del 156% respecto a 2022.
La CNMC recibió varias denuncias contra e-distribución por prácticas contrarias a la Ley de Defensa de la Competencia (LDC). En junio de 2023, personal de la CNMC inspeccionó dos sedes de varias sociedades del Grupo Endesa. No obstante, la CNMC aclara que la incoación del expediente no prejuzga el resultado final de la investigación, que podría durar hasta 24 meses.
