El alcaldable de IPJ recuerda que en 2007 tanto la alcaldesa como la entonces delegada provincial de Medio Ambiente, Gema Araujo, dieron por hecho la inminente legalización de las viviendas situadas en cañadas, “faltando a la verdad y utilizando a estos vecinos en plena precampaña electoral”.
En opinión de Antonio Conde, se trata de “una más de las muchas promesas incumplidas por la alcaldesa”, advirtiendo de que tres años y medio después, el 90 por ciento de estas viviendas “siguen siendo ilegales”. Por si fuera poco, la oficina técnica en la que se informaba del proceso de legalización “lleva siete meses cerrada”, lo que evidencia que “se faltó a la verdad” cuando se anunció la regularización de estos inmuebles.
Ahora, y ante la “dejadez” de las administraciones, han aparecido en la zona “nuevos usurpadores de estos terrenos públicos”, trasladando los vecinos “históricos” de estos asentamientos su “indignación” por la proliferación de construcciones chabolistas. De hecho, los afectados advierten incluso de la posibilidad de que en algunas de estas chabolas se vendan sustancias ilegales.
