La ex alcaldesa socialista del municipio jiennense de Porcuna, Ana María Moreno de la Cova, ha aceptado este lunes 21 años de inhabilitación para ocupar un cargo público y el pago de 2.190 euros de multa por tres delitos contra la ordenación del territorio de los que era acusada.

Por su parte, tres de los concejales del mandato corporativo de Moreno de la Cova que también eran acusados de dos de los tres delitos imputados a la ex alcaldesa han admitido 14 años de inhabilitación y el pago de una multa de 1.460 euros

El juicio ha quedado visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Jaén después de que las partes llegasen a un acuerdo por conformidad, por el que la que fuera alcaldesa admite haber aprobado tres licencias ilegales entre los años 2004 y 2006.

El 22 de octubre de 2004, un vecino de Porcuna solicitó licencia para la construcción de unas naves en el Camino de la Galga y, pese a que fue informada desfavorablemente pro el arquitecto municipal, la entonces alcaldesa y los concejales concedieron la licencia.

Algo similar ocurrió el 14 de junio de 2006, pero la licencia solicitada era para la zona conocida como Cerrajaén. De nuevo el arquitecto firmó un informe desfavorable, pero el 5 de julio, catorce días después, la licencia era concedida.

Además, según el relato del Fiscal, Moreno de la Cova concedió el 21 de noviembre de 2006 "sin la tramitación de procedimiento alguno y sin dictamen jurídico previo" una licencia provisional de primera ocupación para una nave levantada sobre suelo no urbanizable, ya que no cumplía las normas urbanísticas.

MÁS DELITOS URBANÍSTICOS
Se da la circunstancia de que esta resolución contra la ex alcaldesa de Porcuna se adopta después de que el pasado 5 de octubre el también ex alcalde socialista de Porcuna Luis Carlos Funes aceptase su inhabilitación especial para ser concejal por un delito de prevaricación por el pago de 15.025 euros de más a una consultora urbanística.

El juicio quedó visto para sentencia en la Audiencia Provincial de Jaén después de que las distintas partes llegasen a un acuerdo por conformidad, por el que el que fuera alcalde durante más de 12 años admite haber prevaricado al contratar a una empresa para que elaborase el proyecto técnico de revisión de las normas subsidiarias del planeamiento urbanístico.

Según las calificaciones definitivas, Funes adjudicó, "a sabiendas de su injusticia, sin la previa aprobación del pliego de condiciones" 26.112 euros a la empresa, una cifra que superaba en 5.000 euros la propia oferta de la consultora. Posteriormente, dictó resoluciones para que al final se pagaran 36.060 euros por el trabajo, de modo que la diferencia entre lo que el Ayuntamiento podría haber pagado y el desembolso final fue de algo más 15.000 euros.

Por ello, Funes, que dejó la Alcaldía en el año 2003 y que en la actualidad se encuentra retirado de la vida política activa, ha sido condenado a siete años de inhabilitación especial para ejercer el cargo o empleo de concejal.