La aparición de la crisis, hace ya dos años, se hizo evidente a través del paulatino descenso del número de personas empleadas en nuestro país, hasta rebasar la cifra de los cuatro millones de parados. Sin embargo, en el ámbito laboral las consecuencias han ido más allá, tanto desde el punto de vista del sostenimiento y rendimiento de las plantillas vigentes en cada centro de trabajo, como del efecto ocasionado en el trabajador por toda la vorágine negativista acarreada por el impacto de la propia crisis en el conjunto de la sociedad. En este sentido, uno de los fenómenos más resaltados desde diferentes ámbitos ha sido el del incremento de las bajas laborales de larga duración. El volumen ha llegado a ser tan considerable que en algunas comunidades autónomas comenzó a rumorearse que había consignas políticas para que se redujera el número de bajas y el tiempo de duración de las mismas. Para quitar credibilidad a tales hechos se ha establecido una fórmula de control que, por ahora, no se ha divulgado lo suficiente, pero a la que ya se han sumado comunidades autónomas como la de Madrid, y que pasa por la firma de un convenio con el Ministerio de Trabajo para controlar y revisar las bajas laborales, con el fin de evitar posibles fraudes cometidos por los propios trabajadores o los médicos. Entre otros motivos porque, como se apunta, la cuestión no es sólo que se esté cometiendo fraude con bajas infundadas, sino que ese tipo de bajas está causando que en los centros de trabajo se esté cargando de tarea a los demás compañeros, que es lo que los propios trabajadores han comenzado a resaltar en algunas empresas e instituciones públicas. Que el sistema de control ideado por el Ministerio de Trabajo llegue a todas las comunidades autónomas puede que sea cuestión de tiempo; de hecho, es la única forma de poner fin tanto a enfermedades imaginarias como a los comentarios infundados dedicados a poner en duda la baja real de un empleado, aunque la existencia misma de esta nueva herramienta administrativa no es más que el reconocimiento de unos hechos -los casos de fraude- y de un estado de ánimo, el de la minada moral de los trabajadores que aún quedan en sus puestos de trabajo.