La Junta de Andalucía ha planteado un recurso de súplica contra la providencia del Tribunal Constitucional en la que se rechazó la suspensión cautelar del impuesto a las grandes fortunas, ya que considera que se han vulnerado "muchos derechos", a pesar de que se admitió a trámite su recurso al gravamen.
El recurso se basa en tres argumentos principales por no aceptar la medida cautelar, el primero de ellos la vulneración de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, ya que la Junta considera que la resolución no tendría que haber sido mediante una providencia, sino con un auto, en el que se podrían haber planteado votos particulares.
Además, se considera vulnerado el principio constitucional de igualdad, puesto que hay un "agravio comparativo" para Andalucía, que queda "en una posición de indefensión", mientras otros recurrentes como diputados, senadores o el Parlamento de Cataluña han obtenido autos y no providencias, ha explicado la consejera andaluza de Economía, Carolina España, en una visita al Puerto Seco de Antequera (Málaga).
La Junta entiende que también se vulnera el principio constitucional del derecho a la tutela efectiva de la justicia, puesto que "no hay fundamentos" y "no está motivada" la providencia.
"Entendemos que se han vulnerado muchos derechos y por eso hoy se ha presentado el recurso de súplica", ha dicho la consejera.
El Gobierno andaluz ya advirtió, cuando se anunció la decisión, de que podía suponer "inseguridad jurídica" la no suspensión cautelar del impuesto.
El recurso de inconstitucionalidad fue presentado porque la Junta entiende que el Gobierno central ataca su autonomía fiscal, ya que aprobó el nuevo gravamen después de que bonificara el impuesto de patrimonio.
Además, el Ejecutivo autonómico ha hecho hincapié en que el ponente es el exministro Juan Carlos Campo, una persona que era "de la máxima confianza" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
