La Audiencia Provincial de Almería ha ratificado el archivo de la causa penal abierta contra el exalcalde de Carboneras y actual concejal en la oposición, Salvador Hernández (Gicar), al estimar que no hay "irregularidades de entidad suficiente" para considerar "delictivas" las contrataciones en los años 2014 y 2015 de la persona para ejercer funciones de conserje en el complejo deportivo municipal.
El tribunal de la Sección Tercera comparte, tras examinar las actuaciones, de forma "íntegra" el criterio la juez instructora y concluye que "no hay base suficiente para considerar de manera indiciaria delictiva la actuación" del exregidor y rechaza que, tal y como sostiene el PSOE en su recurso, se hicieran las contrataciones "sin observar las normas administrativas establecidas para ello".
La sentencia, consultada por Europa Press, precisa que uno de los contratos se realizó, según se deduce de la investigación del Juzgado de Instrucción 2 de Vera, "previa convocatoria pública a través de la bolsa de trabajo de la Junta de Andalucía" mientras que el otro, "visto el resultado final en cuanto a la persona contratada, tampoco se observan indicios delictivos más allá de las posibles irregularidades administrativas como se ha dicho".
Tras apelar al principio de intervención mínima penal, apunta a que existen "otros cauces distintos al aquí utilizado para, en su caso, impugnar o anular tales contratos" y rechaza que la declaración de un testigo propuesto ahora por el PSOE, "un concejal en el tiempo de la comisión de los hechos denunciados", proceda en este momento, por lo que confirma el sobreseimiento en una causa en la que los intereses del regidor han estado defendidos por los letrados Juan Marfil y Jorge Aguilera.
El procedimiento se incoó en 2016 a raíz de la denuncia interpuesta por el grupo municipal del PSOE, actualmente el gobierno local carbonero, que sostenía que ambas contrataciones se hicieron "contraviniendo de forma palmaria y grosera las disposiciones legales y leyes establecidas a tal efecto" y señalaba que la persona a la que se contrató era "militante del mismo partido --Gicar-- y marido de la lista presentada" por los independientes en las elecciones municipales de 2011 y 2015.
La jueza Marcelina María Beltrán se avino en un auto, de 4 de septiembre de 2020, al criterio emitido en informe de la Fiscalía pidiendo el sobreseimiento provisional por no "aparecer debidamente justificada" tras la práctica de diligencias la comisión de un delito de prevaricación administrativa por parte de Salvador Hernández, y del entonces primer teniente de Alcalde Felipe Cayuela.
Según el citado informe del Ministerio Público, la contratación de 2015 denunciada "se realizó, previa convocatoria pública, a través de la bolsa de trabajo de la Junta de Andalucía, donde el contratado había sido el único solicitante".
Con respecto al primer contrato presuntamente irregular, de 2014 y con dotación presupuestaria, la resolución recoge que, aunque fue "directa, sin licitación que vulneró los principios de acceso a la función pública en condiciones de igualdad, con publicidad y en función del mérito y de la capacidad", esta recayó "sobre una persona que reunía los requisitos de minusvalía para el puesto".
"Él mismo realizó luego las funciones para las que fue contratado", remarca para añadir que, en caso de apreciarse irregularidad, la contratación la hizo "quien era entonces concejal de Deportes contra quien los querellantes no han dirigido la acción".
La jueza concluye que esta persona "no ha prestado declaración" y que tampoco "se ha acordado en tiempo y forma la complejidad de la causa y la extensión del plazo de instrucción", que, por este motivo, "está agotada", según finaliza.
Según se recogía en la querella de los socialistas con el actual alcalde, José Luis Amérigo, como portavoz, el trabajador habría sido contratado en dos ocasiones sin que existiese en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2014, sin tramitar previamente expediente administrativo alguno, careciendo de asignación presupuestaria y con acreditación de una manifiesta relación de amistad personal y vinculación política con el trabajador.
Atribuían a Salvador Hernández como regidor "haber amparado la ilegalidad en connivencia" con el entonces primer teniente de Alcalde, Felipe Cayuela, hoy en la oposición, y habría participado en ella "con la omisión de perseguir delitos, y ordenando el pago mensual de fondos no disponibles para hacer efectiva la nómina del trabajador contratado de forma irregular".
