Posteriormente, según se especifica en la sentencia, el ciudadano regresó con las gotas y una copia de receta que se encontraba en blanco, por lo que la enfermera volvió a negarse a administrarle el tratamiento. Fue en este momento cuando el usuario comenzó a insultarla y amenzarla.
El juez ha condenado al autor de la agresión por una falta contra el orden público, al considerar probado que no sólo alteró el normal funcionamiento de un servicio público, sino que además atacó y violentó a la enfermera en su puesto de trabajo. En la sentencia se especifica que el ciudadano “faltó al respeto y a la consideración debida a la funcionaria pública y le insultó y amenazó con expresiones realmente graves sin que constara ningún tipo de extralimitación de la denunciante en el ejercicio de sus funciones”.
Satisfacción
La delegada en el Campo de Gibraltar del sindicato sanitario SATSE, Magdalena Díaz, se mostró ayer satisfecha por la decisión del juez, aunque denunció la situación que viven los profesionales de la salud en el desempeño de su trabajo. “Lo triste es que tengamos que llegar a los juzgados para que se reconozca que a los enfermeros se nos está agrediendo”, señaló Díaz, al tiempo que recordó que “encima de que estamos haciendo un servicio a la comunidad, tenemos que soportar el trato que recibimos por parte de individuos como este”.
La responsable sindical valoró de forma positiva la sentencia, ya que “el que la actuación de este individuo se considere una falta puede servir para concienciar a los ciudadanos”. Sin embargo, la cuantía de la multa no satisface del todo las pretensiones del sindicato, que se personó en el juicio como acusación particular. “Por 200 euros no estoy dispuesta a que me insulten o me agredan”, afirmó.
El fallo del juez condena al autor de las amenazas e insultos por una falta contra el orden público del artículo 634 del Código Penal, imponiendo una multa de cincuenta días a razón de cuatro euros diarios más las costas del procedimiento. En caso de no satisfacer en el plazo de un mes la multa impuesta, el denunciado deberá cumplir un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas.
El sindicato hizo ayer un llamamiento para que se refuercen las medidas de seguridad en los centros y quiso abogar por el respeto y el entendimiento entre usuarios y profesionales.
