Vox ha presentado una querella contra el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, en la que le acusa de incitar a cometer delitos relacionados con los desórdenes públicos, tras el tuit que publicó en el marco de los disturbios registrados en varias ciudades durante las manifestaciones por el rapero Pablo Hasél, para expresar su apoyo a "los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles".
La querella, presentada en los juzgados de instrucción de Madrid, acusa a Echenique de un presunto delito del artículo 559 del Código Penal, que sanciona con hasta un año de cárcel "la distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 557 bis del Código Penal" (CP).
El partido de Santiago Abascal acusa al dirigente 'morado' de "haber alentado e indicado de forma clara la realización de estas graves acciones violentas, y con ello cometer un delito de incitación a la comisión de delitos de alteración del orden público (artículo 559 CP) e incluso de la modalidad agravada contemplada en el artículo 579 CP", según ha informado en un comunicado.
La querella se dirige también contra los "autores materiales e intelectuales" de las concentraciones celebradas desde el 15 de febrero por la detención y el ingreso en prisión de Hasel y apunta a presuntos delitos de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, daños y lesiones.
A este respecto, la formación política ha recordado que dichas protestas "han ocasionado numerosos y cuantiosos daños materiales a particulares, tiendas, entidades bancarias, y mobiliario urbano, cifrados en más de 200.000 euros en Madrid y 500.000 euros en Barcelona, y daños personales por las graves lesiones a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
APUNTA AL SUPREMO Y LA AUDIENCIA NACIONAL
Además, la vicesecretaria jurídica de Vox, Marta Castro, ha señalado en la querella que "pudiera resultar acreditada conexión necesaria para su calificación como actos terroristas y/o vinculada a organización criminal", indicando que en tal caso la competencia para investigar estos hechos recaería sobre la Audiencia Nacional y, en el caso de Echenique, en el Tribunal Supremo al ser aforado.
A este respecto, ha mencionado "la doctrina constitucional por la que estos actos pudieran ser considerados 'actos terroristas' al tener como finalidad la creación de alarma y perturbación social grave, por ser 'sistemáticos, reiterados e indiscriminados'".
Aunque Vox no lo menciona expresamente en su comunicado, la querella llega en el marco de la polémica generada por el tuit que Echenique publicó el pasado 17 de febrero. "Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol", escribió, al tiempo que pidió "depurar responsabilidades con contundencia" por "la violenta mutilación del ojo de una manifestante".
DENUNCIAS DE CEP Y MANOS LIMPIAS
Este mismo lunes, el sindicato Confederación Española de Policía (CEP) ha presentado una denuncia contra Echenique ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por este comentario en Twitter, recalcando que el tuit se publicó a las 21.18 horas, cuando "ya era de dominio público la situación de violencia que estaban provocando los asistentes a la concentración no comunicada" en la Puerta del Sol y en las calles aledañas en el centro de Madrid.
Manos Limpias también ha formulado este lunes una denuncia ante el Ministerio Público contra Echenique por presuntos delitos de provocación y apología a la violencia al entender que "a través de su Twitter apoyó, alentó e incitó esos comportamientos delictivos de guerrilla urbana" y que "en entrevistas a medios de comunicación manifestó públicamente apoyo y aliento".
Asimismo, Manos Limpias ha recordado que Echenique es un "miembro destacado" de Podemos que "ha tenido el respaldo de los órganos directivos", para añadir que "la Ley de Partidos Políticos sanciona con la ilegalización de aquellas formaciones políticas que 'den cobertura a acciones de desórdenes, intimidación o coacción social vinculada a la violencia'".
