Un juez ha ordenado la protección de un menor que fue expulsado del sistema de protección de la Comunidad de Madrid por un dictamen de la Fiscalía que considera que es adulto y por lo que ha tenido que vivir en la calle en situación de abandono durante los casi dos meses, coincidiendo con la crisis del coronavirus.
El Juzgado de Primera Instancia número 80 de Madrid ordenó el 7 de mayo la suspensión cautelar de una resolución administrativa del 12 de marzo por la que la Comunidad de Madrid acordaba no haber lugar a la tutela del menor.
El auto, al que ha tenido acceso Efe, obligaba al reingreso inmediato del menor en el Sistema de Protección a la Infancia y a su protección, al menos, hasta que sea posible tramitar un procedimiento judicial y discutir la cuestión de la determinación de su edad con las debidas garantías.
Tras la resolución judicial, la Consejería de Políticas Sociales, Familias Igualdad y Natalidad ha readmitido al chico, de 17 años y nacido en Gambia, en el Centro de Acogida de Hortaleza, donde hay menores extranjeros no acompañados, según han indicado a Efe fuentes de la Fundación Raíces, que se ha ocupado del caso.
El ministerio fiscal informó desfavorablemente a la adopción de esa medida cautelar. Esta actuación judicial resuelve la situación de uno de los “cientos de niños y niñas” atendidos por Fundación Raíces que sufren las “terribles” consecuencias de un procedimiento para determinar su edad que vulnera sus derechos, “como ha constatado el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en sus siete dictámenes condenatorios a España” por los casos que Fundación Raíces ha hecho llegar a Ginebra, los dos últimos dictados en el mes de febrero.
En estos dos últimos dictámenes, el Comité considera que el Estado español vulneró varios artículos de la Convención de los Derechos del Niño y el artículo 6 del Protocolo Facultativo al considerar que “España no tomó el interés superior del niño como consideración primordial en el procedimiento de determinación de la edad”.
El menor readmitido ahora, S.H.J., nació el 5 de marzo de 2003 en Gambia, llegó en mayo de 2019 a España tras viajar en zodiac desde Nador (Marruecos) hasta Algeciras y dispone de certificado del acta de nacimiento y pasaporte original de Gambia, según la fundación.
“Pese a que el procedimiento de determinación de la edad está legalmente previsto para aquellos casos en los que las autoridades competentes se encuentren con un extranjero indocumentado sobre cuya edad razonablemente se dude, y a pesar de que S.H.J. se encontraba legalmente documentado y ninguna autoridad había dudado de su minoría de edad, la Fiscalía, sin desvirtuar mediante prueba objetiva la validez del pasaporte que acredita la edad e identidad del menor, ni consultar con las autoridades gambianas su veracidad, le impuso la realización de pruebas médicas, algunas tan invasivas como la exploración de sus genitales, a lo que el menor de edad se negó y, con base en esta negativa, la Fiscalía decretó su mayoría de edad el 5 de marzo de 2020”, añade.
Como consecuencia del decreto del ministerio público, la Comunidad de Madrid le dio de baja en el sistema de protección y le expulsó del Centro de Primera Acogida de Hortaleza el 12 de marzo (cuatro días antes del estado de alarma), sin proporcionarle una alternativa. Desde entonces, el menor ha vivido en la calle, aunque solicitó una plaza a varias organizaciones, pero fue rechazado por ser menor y por estar saturadas por la crisis del coronavirus.
“La presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, considera en un comunicado que es “urgente” que el Gobierno revise su actuación y modifique un procedimiento que, en su opinión, “va en contra de nuestro ordenamiento jurídico, de las recomendaciones del Defensor del Pueblo, de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de todas las guías de buenas prácticas europeas en esta materia y en contra de la Convención de los Derechos del Niño”.
“De manera sistemática”, afirma Reyzábal, el Estado “niega la validez de estos documentos sin prueba alguna en contra” y sitúa a los niños en una “absoluta indefensión”, al no permitirles acreditar su verdadera edad por ninguno de los medios a su alcance.
La abogada del menor, Paloma García de Viedma, de la Fundación Raíces, sostiene que es “alarmante” que, a pesar de los siete dictámenes en los que el Estado español ha sido “fuertemente reprendido” por Naciones Unidas, la realidad es que cada día “siguen quedando abandonados en las calles de nuestras ciudades niños y niñas convertidos en adultos, por así considerarlo la Fiscalía, por informes médicos basados en el tamaño de sus genitales, o en una radiografía. Y esto es así a pesar de que sus documentos oficiales, cartas de identidad, partidas de nacimiento, pasaportes biométricos, con certificados de autenticidad de sus consulados, etcétera, acrediten que son menores de edad”, concluye.
