Más de 60 horas después de conocerse el fallo de la pieza política de los ERE es difícil relatar algo que no se haya dicho ya. Es un ejercicio de acrobacia y equilibrio entre qué contar sobre lo que hay que hablar -la noticia del año en Andalucía- con el anhelo de aportar. Coincidirán conmigo en que no es tarea fácil.
A ello me enfrento, porque el juicio que sentó a 21 ex altos cargos del Gobierno andaluz en la Audiencia Provincial de Sevilla es ya historia de nuestra región. El fallo ha supuesto un sobresalto de magnitud en la política, y en los medios de comunicación.
Pues bien, responsabilidades profesionales anteriores a la actual me llevaron a participar en los preparativos del dispositivo de cobertura del macrojuicio. Recuerdo dos planteamientos claros. Insistentes. Elogiables. Uno, del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, quien veía en esta vista oral una oportunidad para que la Administración de Justicia andaluza diera una imagen moderna, eficaz, solvente. Y, dos, del magistrado Juan Ignacio Calle Peña, presidente del tribunal, quien se preocupaba -evidentemente- del correcto desarrollo del juicio, de la protección de la intimidad de los acusados, pero también de que los medios de comunicación pudieran realizar su labor con total garantía. Y creo que los dos lo han logrado, y es menester darles la enhorabuena.
Se cuidaron todos los detalles, tanto del dispositivo de seguridad como del acceso digno de los enjuiciados, como quedó demostrado. Se realizaron obras para que los periodistas pudiéramos hacer nuestra labor en unas condiciones dignas, y así fue. En efecto, era una oportunidad para que Andalucía diera una imagen moderna y eficaz en el resto de España en lo que se refiere a su administración de Justicia, a lo que también ha contribuido, creo, la contundente sentencia recurrida ante el Tribunal Supremo. Del magistrado vaya por delante su valentía. Algún juez eludió el victorino. Él lo recibió a porta gayola, con templanza, con criterio, sin prisas, sin desmanes, sin desplantes, sin sobreactuaciones. Con discreción hasta en la forma en que se ha notificado la sentencia: sin filtraciones y sin alterar procesos electorales.
