La desaparición del niño Gabriel Cruz tuvo en vilo a España a principios de 2018, hasta que la pareja de su padre, Ana Julia Quezada, fue descubierta con el cadáver del menor y confesó un crimen por el que será juzgada desde el lunes, afrontando una petición de pena de prisión permanente revisable por un delito de asesinato.
Un juicio que llega en mitad de un gran revuelo mediático debido al hondo impacto que tuvo la desaparición y búsqueda del pequeño de 8 años, que durante 11 días sobrecogió a todo el país mientras miles de voluntarios y miembros de cuerpos de seguridad realizaban incontables batidas por el entorno de Las Hortichuelas Bajas, en Níjar (Almería).
Gabriel desaparecía la tarde del 27 de febrero del año pasado. Estaba en casa de su abuela paterna, donde había ido a pasar unos días de descanso con su padre, Ángel Cruz, y la pareja de éste, la dominicana Ana Julia Quezada.
Tras comer, Gabriel se marchó de la casa para ir a jugar con unos primos en una vivienda a escasos metros de la de su abuela. Sin embargo, nunca llegó a terminar de recorrer el corto camino de tierra que une ambos inmuebles, esfumándose de la faz de la Tierra.
En cuanto la familia supo que no había llegado a encontrarse con sus primos, comenzó la búsqueda y la difusión de diferentes mensajes de WhatsApp en los que incluso se hablaba de una recompensa que, al parecer, había propuesto la propia Quezada al progenitor a modo de rescate de haberse producido un secuestro.
La Guardia Civil se hacía cargo del asunto y comenzaba una de las mayores operaciones de este tipo en España, que llegó a suponer un coste de 200.203 euros que ahora la Fiscalía reclama a Quezada.
Casi desde el primer momento, los medios tomaron Las Hortichuelas Bajas y más adelante la localidad nijareña de Las Negras, dónde se estableció el puesto de mando avanzado que durante esos once días coordinó el dispositivo de búsqueda.
Esos días gente anónima llegada de todo el país, voluntarios de Protección Civil, miembros de distintos cuerpos de seguridad y emergencias a título personal, y muy especialmente los agentes de todo tipo de unidades de la Guardia Civil, dieron lo mejor de ellos para intentar dar con Gabriel mientras España aguardaba con el corazón en un puño.
Desde el primer momento, Ángel y Patricia generaron una ola de solidaridad que desembocó en una "Marea de la Buena Gente", como ellos la calificaron, que hizo que cada día más gente quisiera saber qué había pasado con el pequeño 'Pescaíto', Gabriel, cuyo sueño era ser biólogo marino.
El 3 de marzo Ángel y Ana Julia salieron juntos a intentar dar con Gabriel. Fue ese día cuando, según la fiscal, la dominicana propició el hallazgo de una camiseta del niño en un lugar que había frecuentado con una expareja suya, con el fin de despistar a la Guardia Civil y dirigir las sospechas sobre este hombre.
La prenda fue analizada y el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido (PP), quien durante todo el operativo mantuvo un contacto permanente con los padres, anunciaba dos días más tarde que contenía el ADN de Gabriel.
Sin embargo, las jornadas se sucedían sin más noticias o pistas hasta que el 11 de marzo Quezada fue detenida cuando intentaba acceder al garaje de su domicilio en Vícar (Almería). La discreta investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) y la Policía Judicial de la Comandancia de Almería había dado sus frutos.
Los investigadores barajaron como hipótesis hasta el último momento que el niño Gabriel estaba vivo, incluso hasta los instantes previos al arresto, según explicaron el teniente coronel Jefe Accidental de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, José Hernández Mosquera, y el comandante de la UCO Jesús Reina.
Fue al abrir el maletero del coche de Ana Julia cuando se comprobó finalmente que el niño estaba muerto. "Lo puedo definir como el momento más duro de nuestra carrera profesional. Lloramos, claro que sí, y el que no lo hizo allí, lo hizo luego", dijo Reina.
Tras su captura, Quezada negó inicialmente los hechos pero posteriormente, cuando le fue asignado el letrado Esteban Hernández Thiel, reconoció haber matado a Gabriel, si bien asegurando que fue un accidente tras el que "quedó bloqueada sin saber qué hacer e, incapaz de asumir las consecuencias de lo ocurrido".
La Fiscalía difiere y considera que cuando Gabriel se fue de la casa de su abuela, Quezada estaba "pendiente de sus movimientos" y lo abordó en el camino de cien metros para pedirle que la acompañase para ayudarla porque iba a pintar en una finca del padre de Gabriel en Rodalquilar (Níjar).
Una vez allí, mientras el pequeño estaba "confiado" y "totalmente ajeno a la intencionalidad criminal" de la mujer, según la Fiscalía, de forma "súbita y repentina", con intención de ocasionarle la muerte, lo tiró contra una pared y después le tapó con las manos la boca y la nariz y lo asfixió, enterrándolo junto a una alberca.
La fiscal incide en que durante los once días que duró la búsqueda del niño acudía a diario y que ante la presión mediática "simuló un estado de aflicción, mostrándose en ocasiones compungida y apesadumbrada y en otras alentando los ánimos de los familiares, involucrándose en las batidas de búsqueda".
