La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha juzgado este lunes a tres hombre acusados de estafar 1,09 millones de euros a una empresa aseguradora entre 2010 y 2015. En la vista oral, el principal encausado, J.M.F.M. que ejerció de mando intermedio en la entidad aseguradora, ha reconocido que cometió los ilícitos por orden de sus superiores y que ahora quieren dejarle "con el culo al aire" y que sea "cabeza de turco".
En su declaración, J.M.F.M. ha indicado que falsificó facturas y utilizó empresas pantalla, las del acusado P.P.M., con el fin de pagar comisiones para tener una exclusividad con un proveedor en materia de pólizas de decesos lo que reportó "bastantes beneficios" a la empresa de seguros, llegando a crecer la facturación "hasta la cantidad de tres millones de euros".
Así, ha recalcado que no tenía responsabilidad de autorizar los pagos, ya que tenía un "filtro" y que actuó por orden de su director de ventas.
De esta manera, ha indicado que para poder realizar esas comisiones a la empresa proveedora realizó facturas falsas a cargo de dos sociedades del acusado P.P.M., con quien acordó que cuando recibiera el pago por parte de la aseguradora, éste se quedara como compensación del 20 por ciento del importe y el IVA, y que el resto se lo entregara en metálico para "poder pagar las comisiones a la proveedora".
"ME HA ENGAÑADO"
Por su parte, P.P.M. ha indicado que sólo ha cometido un delito de falsedad documental porque "no tenía constancia" de que esa emisión de facturas era para detraer cantidades en beneficio del principal encausado.
Así, ha declarado que acordó con él emitirle facturas falsas, con el que se habría quedado con un diez o 15 por ciento más el IVA de las cantidades referidas en éstas, y que lo hizo "por hacerle un favor" ya que le dijo que era para conseguir la exclusividad de un proveedor algo que le transmitió que "contaba con el consentimiento de la directiva aseguradora".
Continuando esa línea, P.P.M. ha asegurado que sus dos empresas no son "sociedades instrumentales" ya que tiene "más de 500 clientes" y actividad económica propia. Con respecto a lo defraudado señala que no ha obtenido un beneficio considerable ya que si se ha adueñado de un 20 por ciento de un millón de euros "supone unos 200.000 euros" que tras el pago de Hacienda y el impuesto de sociedades "se han quedado en 100.000 euros" que han servido "para aliviar las cuentas en la empresa y pagar sueldos de trabajadores".
Con todo, ha recalcado que J.M.F.M. "le ha engañado" y le ha buscado "la ruina" porque "lo ha utilizado" sin saberlo para hacer una estafa quedando "manchado" su nombre y el nombre de sus empresas. Así, ha señalado que tras cinco años con esa prácticas de emisión y cobro de facturas ficticias, el principal encausado le pidió que emitiera albaranes para justificar las facturas al "reconocerle" que le estaban investigando con una auditoría externa "porque se había quedado con el dinero".
700 TENSIÓMETROS
Por otra parte, el proceso también enjuicia a J.M.F.M. por una factura simulada en mayo de 2015 por una empresa, cuyo administrador único era J.J.L.M., también acusado, por un importe de 16.516,50 euros por la venta de 700 tensiómetros de propaganda que no fueron entregados a la empresa aseguradora.
En este sentido, J.J.L.M. ha reconocido que por unos problemas del producto, que no "tenía las instrucciones en castellano", tuvo que remitir esa mercancía otro día y concertó con J.M.F.M. entregarle los tensiómetros en su domicilio, algo que ha sido confirmado por J.M.F.M., quien ha asegurado que finalmente las entregó por su cuenta a la propia empresa aseguradora.
"DESCUBIERTO" POR UN VIAJE
En la fase testifical, ha prestado testimonio el director de ventas de la empresa de seguros, quien ha indicado que el fraude se descubrió cuando J.M.F.M. declaró un viaje de Santiago de Compostela a Bembibre (León) por unos 12.000 euros que no había realizado, al tener constancia de que se había desplazado a Vigo (Pontevedra) para hablar con un corredor de seguros.
De esta manera, ha señalado que ordenó a la responsable de contabilidad que investigase los gastos elevados por el acusado, quien estaba autorizado por la compañía para dar la autorización y conformidad al pago de facturas generadas cuyo importe individual no superara los 30.000 euros sin necesidad de aprobación, y es entonces cuando descubrieron varias facturas "falsas" a dos entidades por servicios de publicidad "que no se habían realizado" así como una partida de tensiómetros "no recibida".
Así, el director de ventas ha explicado que cuando J.M.F.M. supo que lo estaba investigando, se personó en su oficina y se "derrumbó" confesando que se había "quedado con el dinero" metiéndose "en una espiral de la que no sabía salir", así como que estaba dispuesto a devolver 87.000 euros que tenía en su poder y a hacer un escrito reconociendo los hechos, si bien días más tarde, "cambió de actitud".
De otro lado, han declarado los guardias civiles que desarrollaron el atestado de investigación judicial así como el perito que ha realizado un informe contable para esta causa judicial, los cuales han calificado las sociedades de P.P.M. como instrumentales "hechos por y para" realizar la estafa al no contar "con estructura, tener un objeto social diferente, no poseer activos ni empleados".
Igualmente, el perito ha señalado que las facturas objeto de la causa son bastante "burdas", sin albaranes, con una facturación "endeble" y "muchos errores".
SEIS AÑOS DE PRISIÓN
En la lectura de conclusiones, la Fiscalía ha pedido una sentencia condenatoria para los tres acusados. Así, indica que los acusados realizaron facturas simulada "con el ánimo de defraudar" y, por ello pide a J.M.F.M. y a P.P.M. una pena de seis años de prisión y una multa de doce meses con cuota diaria de seis euros por un delito continuado de falsedad en concurso medial con un delito continuado de estafa, en el que concurre, en el caso de J.M.F.M., el atenuante de confianza.
Asimismo, pide para J.J.L.M. una pena de tres años de cárcel y una multa de doce meses con cuota diaria de seis euros por un delito continuado de falsedad en concurso medial con un delito continuado de estafa no agravado.
La acusación particular, ejercida por la representación legal de la empresa aseguradora, ha hecho suyas la tesis del Ministerio Público y solicita también una sentencia condenatoria para los tres acusados y que, al igual que solicita la Fiscalía, abonen una indemnización equivalente al montante defraudado.
Por otra parte, la defensa de P.P.M. pide la absolución con respecto al delito de estafa dado que su representado no sabía que estaba ejerciendo facturas falsas "con el objeto de realizar una estafa", por contra, ha indicado que su cliente es culpable de un delito de falsedad documental y pide para él una pena de 21 meses de prisión y una multa de nueve meses con cuota diaria de seis euros. De manera subsidiaria, en el caso que el tribunal considere que es culpable de ambos delitos pide que se le condene a una pena de tres años y seis meses.
Con respecto a J.J.L.M., su abogado ha pedido para él la libre absolución al entender que la acusación se debe "a que no hay indicios sino sólo conjeturas" ya que no "se ha instruido de manera correcta" con respecto a los hechos de los tensiómetros.
Por último, el representante legal de J.M.F.M. ha pedido la absolución de su patrocinado toda vez que la aseguradora "no tuvo ningún control interno" con unas "facturas que el perito ha dicho que son burdas" y todo para lograr beneficios con el pago de comisiones a un proveedor algo "que le ordenaron" sus superiores.
