Cómo "curar Doñana" con el control de regadíos y agua en superficie

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Paéz, ha apostado por no aumentar la superficie agrícola regable en el entorno de Doñana y avanzar en actuaciones para sustituir el agua subterránea por el suministro en superficie como forma de "curar" el parque nacional.

En una entrevista con Efe, Paéz, que lleva en el cargo menos de un año, ha afirmado que acabar con el problema del agua en Doñana pasa por dos condiciones imprescindibles: "No aumentar la superficie regable y cualquier suministro de agua en superficie debe ser dedicado a sustituir el agua subterránea".

Actualmente, un 25 % del regadío procede de aguas subterráneas, ha apuntado el dirigente de la CHG.

Su objetivo es "avanzar lo más rápido posible sustituyendo aguas subterráneas por superficiales y vigilar para que no haya ninguna hectárea más de regadío que no esté planificada", ha afirmado.

Como ejemplo de esta estrategia de la CHG, ha puesto el trasvase ya ejecutado de cinco hectómetros cúbicos de la cuenca del Tinto a la del Guadalquivir en el entorno de Doñana, que ahora se intentará aumentar a más de seis hectómetros.

De esa forma, ha añadido, se consigue "cerrar pozos y poner agua en superficie", y además "se está curando Doñana" al garantizar que se mantiene el agua subterránea.

Igualmente, el nuevo trasvase de 15 hectómetros de agua en el Condado de Huelva, aprobado en 2018 pero que está pendiente de la ejecución de las infraestructuras, ayudará a quitar presión al acuífero de Doñana y, para ello, la CHG quiere "ser valiente y llevar el agua donde más lo necesitan desde el punto de vista ambiental".

"Sería ideal que el agua en superficie llegase a la zona de El Rocío y Villamanrique para cerrar un montón de pozos legales y sustituirlos por agua en superficie, lo que sería muy bueno para Doñana", según ha explicado.

Además de estas iniciativas, la CHG aprobó en febrero pasado iniciar la tramitación para que este año culmine el proceso para declarar tres masas de las cinco del acuífero de Doñana en riesgo de no alcanzar un buen estado cuantitativo, es decir, sobreexplotadas.

Las tres masas son Almonte, Marismas y Rocina -las menos sensibles medioambientalmente- y sobre todo ésta última, que es la soporta "más presión por la agricultura" de los frutos rojos, que ha crecido con fuerza hasta más de 20.000 hectáreas.

El 90 % de las extracciones de agua que se producen en esa zona son autorizadas, y "mientas no haya sequía, tienen derechos que no pueden ser modificados", y aproximadamente un 10 % de las hectáreas están regadas con aguas subterráneas sin concesión y, a veces, esas aguas riegan cultivos ilegales, ha apuntado.

Por ello, la CHG ha incrementado el servicio de vigilancia y control y cuenta con un sistema pionero en España de teledetección para captar los nuevos cultivos que pudieran derivar en mayor consumo de agua de forma ilegal o no reglada.

Esta estrategia de la CHG conlleva inversiones en infraestructuras, de las que algunas están paralizadas porque no se aprobaron en la anterior legislatura los presupuestos del Estado, que se tuvieron que prorrogar, lo que supone limitaciones para invertir solo lo comprometido para el funcionamiento normal.

Entre las infraestructuras planificadas, destacan cien millones para el trasvase del Condado de Huelva y 30 millones para el recrecimiento del embalse del Agrio en Aznalcóllar (Sevilla) para doblar el almacenamiento a 40 hectómetros y sustituir agua en superficie por subterránea, con lo que mejora el estado del río Guadiamar.

También está en fase de licitación el proyecto de la depuradora del núcleo poblacional de Matalascañas, en la provincia de Huelva, que va a aportar al menos 300 metros cúbicos para regadío de la zona, por importe de unos diez millones, entre otras.

Otro problema al que se enfrenta Doñana es que la vegetación está aumentado y cada vez es mayor en el entorno de las lagunas, lo que hace que se pierda agua porque las plantas cogen agua y transpiran, por lo que una de las medidas de la CHG es que el estado de la cobertura vegetal vuelva a los niveles de los años ochenta.

En los dos últimos años (2017 y 2018) la CHG ha cerrado en toda la cuenca del Guadalquivir más de 300 pozos ilegales, y este mes de junio se van a cerrar 77 en el término municipal de Lucena del Puerto (Huelva) y otros cuatro de los que extrae agua la empresa Agrobionest, ubicada en Almonte (Huelva), según los datos aportados por Páez.