El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha retado hoy al líder del PP, Pablo Casado, a actuar jurídicamente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si tan convencido está de que ha cometido un delito de "alta traición" contra el Estado.
En un hilo en Twitter, Borrell admite que se puede discutir razonadamente sobre la utilidad, la conveniencia o las funciones de un “relator/coordinador” en las reuniones de los grupos políticos sobre Cataluña, pero recalca que nada justifica que eso sea lo “más grave que ha pasado en España desde el golpe de Estado de 1981” ni acusar de “alta traición” al presidente del Gobierno.
"Son acusaciones muy graves, tipificadas en el Código Penal, que deben sostenerse con los instrumentos jurídicos que existen para ello", afirma para añadir que "si el Sr. Casado está convencido de lo que dice, el artículo 102 de la Constitución le permite actuar con los diputados que tiene en el Congreso".
Este precepto constitucional señala en su apartado 1 que "la responsabilidad criminal del presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo".
Y en el apartado 2 indica que "si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo".
Para el ministro de Asuntos Exteriores, "resultan cansinas las patéticas invocaciones a que el Gobierno 'sea valiente', 'no le tenga miedo a la derecha' y se 'atreva' a reconocer el 'derecho de autodeterminación'".
Incide en que "son cuestiones que no están amparadas por la Constitución ni por el derecho internacional" y subraya que Sánchez "lo ha vuelto recordar y a repetir" y que "no pueden hablar en nombre del pueblo catalán, excluyendo de él a más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña que no les votaron".
Borrell explica que así ocurre con los movimientos independentistas de raíz identitaria que pretenden basarse en la unidad sagrada del pueblo, pero acaban en la división y el enfrentamiento social.
Según dice, los secesionistas tratan de conseguir una mediación internacional que facilite una negociación en pie de igualdad entre el Gobierno de España y el de la Generalitat y, para ello, denigran la calidad de la democracia y el sistema jurídico y representan a España como un Estado represivo que viola los derechos humanos.
"Pero, ciertamente, España no es Yemen del Sur ni Bosnia ni Kosovo ni Eslovenia en sus peores momentos y ni la Unión Europea ni ningún Gobierno del mundo acepta ese falso relato", concluye.
