Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Bildu ha registrado este lunes en el Congreso la petición de creación de una comisión de investigación sobre las supuestas irregularidades cometidas por el Rey Juan Carlos I a juzgar por las revelaciones realizadas por Corinna zu Sayn-Wittgenstein.
En unas conversaciones grabadas por el comisario José Manuel Villarejo, en prisión preventiva por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales, la amiga del exjefe del Estado revelaba que éste tenía cuentas en Suiza y cobraba comisiones.
El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, lanzó la idea de esta investigación parlamentaria hace dos semanas en un desayuno informativo y después fueron el diputado de Podemos Rafael Mayoral y el de En Comu Joan Mena los que invitaron al resto de grupos a sumarse a la iniciativa para que naciera con el mayor respaldo posible.
Las comisiones de investigación las pueden solicitar dos grupos parlamentarios o 70 diputados, una cifra que Unidos Podemos no alcanza en solitario porque tiene 67 escaños.
Enseguida adelantaron su disposición a firmar la petición los ocho diputados del PDeCAT, los cuatro de Compromís y los dos de EH Bildu que, con Unidos Podemos, suman 81 parlamentarios. Días después se sumó ERC, con lo que la iniciativa nace con el respaldo de 90 diputados.
LA MESA DEL CONGRESO, PRIMER FILTRO
Una vez que ha sido registrada tendrá que ser calificada por la Mesa del Congreso y, si pasa el filtro, será la Junta de Portavoces la que ponga fecha a su debate en el Pleno.
La semana pasada, PP y PSOE unieron sus fuerzas en el órgano de gobierno de la Cámara para frenar el intento de Unidos Podemos de que la ministra de Haciendo, María Jesús Montero compareciera para explicar si pensaba abrir una investigación sobre las posibles irregularidades fiscales de don Juan Carlos.
Esta decisión, ante la que Ciudadanos se abstuvo, se argumentó, siguiendo el criterio de los servicios jurídicos del Congreso, en que la Constitución establece en su artículo 53.6 que "la persona del Rey es inviolable" y, por tanto, "no está sujeta a responsabilidad". Además, se aludió para justificarla al carácter "reservado" de "los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones, conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Ley General Tributaria.
