El juez de Cornellà de Llobregat que investigaba la actuación de los Mossos el 1-O se ha inhibido en favor de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, a quien avisa de que hay indicios de criminalidad para imputar a su cúpula, incluido su actual jefe, Ferran López.
Así lo sostiene el titular del juzgado de instrucción número 3 de Cornellà de Llobregat en un auto en el que el juez expone a Lamela, que ya mantiene imputado al exjefe de los Mossos Josep Lluís Trapero, que de su investigación se desprenden indicios para poder atribuir responsabilidad penal por sedición a otros siete miembros de la cúpula del cuerpo.
En concreto, el juez detalla que, además de Trapero, existirían indicios de criminalidad respecto a otros siete altos mandos, entre ellos el actual jefe de los Mossos, el comisario Ferran López, el comisario superior de coordinación central, Joan Carles Molinero, y el comisario jefe de la Comisaría de Planificación de Seguridad, Emili Quevedo.
El juez de Cornellà también advierte a Lamela sobre los indicios de criminalidad en la actuación del comisario de la jefatura de los Mossos d'Esquadra Xavier Gàmez, que era un estrecho colaborador de Trapero antes de que el mayor fuese destituido el 27 de octubre, así como del intendente de la comisaría superior de coordinación central, Antoni Verger, además del jefe de la División Técnica de Planificación de la Seguridad y la jefa de los servicios jurídicos.
Al inhibirse en favor de Lamela, el juez de Cornellà indica que no procede que desde su juzgado lleve a cabo ninguna actuación respecto a los indicios criminales hallados respecto de estos siete miembros de la cúpula, aunque los expone ante la magistrada de la Audiencia Nacional para que decida "con plena autonomía" sobre la interpretación y la "consecuencia" de los hechos descritos.
El juez coincide con la tesis de Lamela y del magistrado del Supremo Pablo Llarena de que los Mossos diseñaron un dispositivo para facilitar el 1-O, y no para impedirlo, ya que, pese a ser un cuerpo "más que profesional", entiende que hubo una "intención torticera" que coincide con las "manifestaciones de los dirigentes políticos rebeldes", en alusión al exconseller de Interior Joaquim Forn, que aseguró que la policía catalana permitiría votar.
En su escrito, el juez concluye que existirían "indicios racionales de criminalidad" respecto de "todos los miembros de la jefatura" de los Mossos que asumieron la elaboración y aprobación de las "pautas de actuación" del cuerpo de cara al referéndum.
Según el juez, esas pautas de actuación, que eran de obligado cumplimiento para todos los agentes de la policía catalana, perseguían su inacción con el fin de permitir la celebración del referéndum del 1-O, pese a la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que lo impidieran.
"Resultaría irracional pensar que el resto de miembros de la más alta categoría dentro del Cuerpo de Mossos d'Esquadra -como son los siete que detalla en su escrito- pudieran no darse cuenta del sentido de las pautas que estaban elaborando y aprobando, y que tan sólo se limitara la tal inteligencia al mayor Trapero", indica.
En este sentido, el magistrado pone de relieve las iniciales respuestas "evasivas" que dio el cuerpo ante su requerimiento para detallar los responsables de la elaboración y aprobación de las pautas de actuación de los Mossos el 1-O y el hecho de que "no fueran firmadas ni rubricadas por nadie desde su origen".
"Ambos detalles -precisa el juez- podrían revelar una intención de ocultar la identidad de los autores y evitar la responsabilidad derivada de su aprobación".
El juez ve "evidente" que el diseño realizado por la jefatura de los Mossos "se dirigió directa e inmediatamente a evitar el cumplimiento de la orden del Tribunal Constitucional y del TSJC, camuflando tales intenciones bajo la apariencia de una preferente aplicación de los criterios de congruencia, oportunidad, proporcionalidad, paz social y convivencia".
En su escrito, el juez advierte a la cúpula de los Mossos de que los policías "no son jueces ni interpretes de jueces, sino cumplidores de las órdenes de los jueces", por lo que no pueden arrogarse la potestad de decidir "cuál es el mal mayor a evitar, como se pretendió realizar por la policía catalana" el 1-O.
"En caso de que eventualmente pudieran considerar una orden judicial como ilegal, habrían de ponerlo de manifiesto y oponerse, pero no pueden llegar al punto de interpretar órdenes y valorar su cumplimiento según sus propios criterios policiales, so pena de extralimitarse e invadir el ámbito judicial", expone.
El juez recrimina a los Mossos que el 1-O dieran fiesta o vacaciones a un "número importante" de agentes antidisturbios y que únicamente desplegaran a 7.500 efectos, de los 17.000 disponibles, cuando en unas elecciones normales se movilizan unos 12.000.
Además, afirma que cuesta entender que sólo enviara a una pareja de agentes a cada punto de votación, que los centros de mando omitieran "continuamente" el envío de refuerzos y que se actuara de modo "pasivo y permisivo", sin anticiparse a las concentraciones de partidarios del referéndum que se apostaron frente a los colegios.
"Bien podrían (los Mossos) haber cumplido la resolución judicial y además haber evitado los desalojos y los enfrentamientos, preservando la paz social, de haber planeado con antelación la ocupación de los colegios, no esperando hasta las 6.00 horas de la mañana del día de la votación", apunta el juez.
