La diputada nacional del PSOE por la provincia de Cádiz Miriam Alconchel ha lamentado que el Gobierno "reaccione tarde al fiasco que ha supuesto" la contratación de la empresa encargada de la seguridad privada en los edificios pertenecientes al Ministerio de Defensa.
En una respuesta del Gobierno al PSOE sobre la seguridad privada contratada por el Ministerio de Defensa, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo explica que se licitó un acuerdo marco de servicios de seguridad (vigilantes con y sin armas) para el Ministerio de Defensa mediante procedimiento abierto.
Así, tras el correspondiente procedimiento de licitación, la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa acordó la adjudicación del acuerdo marco a favor de la empresa Marsegur, formalizado el 10 de abril de 2017, con un plazo de duración de un año.
En la respuesta, el Gobierno señala que "ante el deterioro del servicio comunicado por diferentes organismos durante la ejecución del citado acuerdo marco, la Junta de Contratación solicitó a la empresa un plan de viabilidad y una vez analizado, se consideró que el mismo era claramente insuficiente", por lo que se acordó "iniciar el expediente de resolución contractual del acuerdo marco por incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Marsegur".
No obstante, el Gobierno advierte de que "lo habitual es que este tipo de expediente requiera un mínimo de seis meses", por lo que "teniendo en cuenta que la orden de inicio del expediente de resolución contractual se adoptó por la Junta de Contratación el 26 de septiembre de 2017, no resulta previsible que pueda aprobarse la resolución finalizadora del procedimiento antes de la primavera de 2018".
En la respuesta del Gobierno al PSOE, el Ejecutivo señala que "pretende garantizar los derechos de los trabajadores", por lo que la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa "ha introducido en los pliegos la obligatoriedad por parte de la empresa contratista del cumplimiento de las tablas salariales mínimas en el convenio colectivo estatal para las empresas de seguridad, o bien las tablas salariales del convenio colectivo de empresa si fuesen más favorables para los trabajadores".
Por su parte, la diputada nacional del PSOE por Cádiz, Miriam Alconchel, ha manifestado que "después del fiasco que estaba más que advertido al Gobierno, desde el PSOE se estará vigilante para que se cumplan estas cláusulas en los pliegos".
Además, ha explicado que ha pedido que el Tribunal de Cuentas fiscalice los contratos del sector público con las empresas de seguridad privada hechos por la Administración, debido a "los evidentes fraudes a los trabajadores, precariedad y baja calidad de los servicios, demostrado en todos los casos que han salido a la luz, entre ellos con Marsegur".
"Se ha demostrado que priorizar el precio, y por tanto permitir las bajas temerarios, origina un claro perjuicio a lo trabajadores, con impago de salarios y empeoramiento de sus condiciones laborales", ha concluido.
