El ministro español de Justicia, Rafael Catalá, planteará una reflexión en la Unión Europea (UE) sobre la necesidad de actualizar la lista de delitos por los que se puede cursar una euroorden, que opina se ha quedado obsoleta, aunque lo desvinculó del caso del expresidente de la Generalidat Carles Puigdemont.
"No es problema de un caso puntual, nosotros no tenemos ninguna queja de un caso puntual", explicó el ministro a su llegada a un Consejo de titulares europeos de Justicia en el que indicó que quiere plantear "una reflexión sobre la lista de delitos que forman para de la orden. La lista es de 2002 han pasado 15 años"
En la actualidad la legislación contempla 32 causas por las que se puede extraditar automáticamente a un ciudadano europeo de un Estado miembro a otro.
Catalá explicó que no tiene "ninguna propuesta concreta" sobre una nueva lista de delitos y que lo que quiere es "trabajar con los socios europeos", aunque advirtió de que "es un tema en que se avanza despacio" porque "la sensibilidad jurídica de los Estados miembros es muy diferente".
La reflexión que quiere lanzar, según el titular español, se enmarca en las evaluaciones que los ministros europeos llevan a cabo de los instrumentos jurídicos existentes para analizar su funcionamiento o si hay algún problema.
El ministro aseguró además que la Justicia belga ha colaborado con la española en el caso planteado cuando se emitieron las Órdenes Europeas de Detención y Entrega contra Puigdemont y los cuatro exconsejeros catalanes en están Bruselas, y que esta semana retiró un juez del Tribunal Supremo.
"Del Gobierno belga me consta la lealtad, la colaboración", dijo el ministro, que añadió que "Bélgica en los últimos tres años ha emitido 312 órdenes hacia España y han sido atendidas salvo en dos casos por temas humanitarios".
Por otra parte, Catalá criticó la "contaminación, por no decir una falsedad permanente en las declaraciones que hacen algunos representantes políticos", en relación con los comentarios sobre el supuesto miedo de la Justicia española ante la posibilidad de que Bélgica no ejecutara alguna de la euroórdenes.
"No es un problema de España o Bélgica en absoluto, es una relación bilateral entre un juez de una nación y un juez de otra nación. Ha sido un juez el que ha decidido retirar la petición, considerando que si había una entrega por un delito exclusivamente iba a haber un enjuiciamiento parcial y en un delito plurisubjetivo (...) no tendría sentido el enjuciamiento".
Insistió en ese contexto que este tipo de órdenes son "relaciones directas entre poderes judiciales" donde el Gobierno no tiene "nada que decir".
