El gobierno de Espadas afronta otra reclamación económica, una más, por conflictos heredados de corporaciones municipales anteriores, especialmente de la etapa en que su correligionario Monteseirín rigió los destinos del Ayuntamiento. Ahora le ha llegado un requerimiento de la Junta de Andalucía en la que le exige la devolución de casi medio millón de euros, un diferendo que se resolverá en los tribunales.
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía dictó a principios de verano una Orden de reintegro parcial de un subvención concedida al Ayuntamiento de Sevilla, por presunto incumplimiento de la obligación de justificar el desarrollo de un convenio de colaboración entre ambas partes y que se acordó el 1 de diciembre de 2003, durante el segundo mandato de Monteseirín como alcalde.
En virtud de aquel convenio, la Consejería ayudó a la construcción de un instituto de enseñanza secundaria obligatoria (IES) y de un colegio de educaciçon infantil y primaria en el distrito Este de la ciudad, que habrían costado en conjunto un total de 7.265.043,51 euros.
El Ayuntamiento, mediante una encomienda de gestión, encargó la ejecución de las obras a la empresa municipal de la vivienda, Emvisesa.
Al cabo de catorce años, la Consejería habría detectado la supuesta ausencia en la aportación final de justificantes de los honorarios de consultoría de redacción y dirección, así como de los estudios geotécnicos. Además, la Junta entiende que Emvisesa debe devolver el importe de los anuncios de adjudicación y contratación de actuaciones, que finalmente fueron satisfechos por la empresa constructora Pefersan.
Cantidades exigidas
Educación exige al Ayuntamiento el reintegro 447.761,11 euros por diferentes conceptos. En primer lugar, por la construcción del instituto en Sevilla Este exige 185.225,81 euros por la redacción y dirección del proyecto y 6.000 euros por el estudio geotécnico.
A esto añade, por la construcción de un nuevo colegio de educación infantil y de primaria, 114.633,59 euros por minutas profesionales y otros 6.000 euros por el estudio geotécnico.
Además, añade tanto los gastos de anuncios en prensa, 2.833,88 euros, como los intereses legales por quebranto económico a la Consejería desde la materialización efectiva de la transferencia económica al Ayuntamiento de Sevilla, a contar desde el 7 de febrero de 2007: 133.067,83 euros.
El gobierno de Espadas, al ver rechazadas por la Consejería las alegaciones que presentó a la orden dictada por la Secretaría General Técnica de aquélla, no ha tenido más remedio que utilizar la única vía que le quedaba: interponer un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que dirá la última palabra sobre este conflicto económico.
