El Gobierno local tiene hasta el 1 de junio, es decir menos de dos meses, para finalizar con el proceso de municipalización que afectará a los servicios de limpieza de arena, limpieza de módulos y salvamento y socorrismo. En estos momentos, el procedimiento está en fase de estudio de las alegaciones presentadas por tres entidades: el grupo municipal de Ciudadanos, el del Partido Popular y el Sindicato de la Policía Local (SPL).
La tramitación burocrática implica llevar a Pleno los informes de las alegaciones para ver si son admitidas o no. El Pleno, según informaron a este medio, fuentes municipales, será de carácter extraordinario, por lo que no hace falta esperar a final de mes para que vaya a Pleno.
En concreto, desde el PP, se considera que se infringe la normativa de acceso y/o selección de personal, ya sea con carácter funcionario o laboral. Según los populares, la forma de acceso al empleo según el expediente violaría los principios fundamentales del acceso al empleo público; infringiría la Constitución española, en sus artículos 23 y 103, así como la ley reguladora de las bases de Régimen Local. El PP añade que se estaría violando el Estatuto Básico del Empleado Público en varios de sus artículos relacionados con la igualdad, el mérito y la capacidad.
Dentro de las alegaciones presentadas por el PP se encuentra también otra relacionada con la “supuesta sucesión de empresas”. Para los populares se trata de un cambio de modelo de gestión. Asimismo, destacan en su escrito que “justificar la modificación de los objetivos y estatutos sociales de una manera tan sustancial como la que se pretende de una empresa municipal ya existente es un fraude de ley”.
También destacan que el precepto de que a la extinción de los contratos de servicios no podrá producirse, “en ningún caso “la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del ente”. Por lo tanto, “no puede traspasarse el personal que presta servicios en las empresas del sector público en ningún caso, ya que estaría violando dicho precepto”.
En sus alegaciones, se incluye que el precio del servicio que se incluye en el expediente “es ficticio. Se pretende justificar la operación mediante la creación de un precio imaginario”. Además, consideran que existe “falta de justificación económica de la municipalización de los servicios”.
Por último, añaden que no se informa de manera conveniente sobre los incrementos económicos previstos con las sucesivas aprobaciones de los convenios colectivos que deben regir las relaciones entre empresas y trabajadores.
Por su parte, desde el Sindicato de la Policía Local de Cádiz se aborda la cuestión de la liquidez municipal para hacer frente a las nuevas nóminas de los servicios que pasarán a depender del Consistorio, a la vez que cuestionan cómo repercutiría la municipalización en el pago de los salarios de la plantilla municipal a final de mes.
Desde Ciudadanos sus alegaciones hacían referencia a que “no va a suponer un ahorro para la Hacienda Pública municipal, sino que a pesar del voluntarismo del Gobierno local, va a suponer un encarecimiento del servicio porque los trabajadores de la limpieza de la arena, por ejemplo, que tienen su convenio vencido, van a pelear por un salario como el de los trabajadores de Aguas de Cádiz y eso no se ha calculado”.
Por otro lado, también cuestiona cuánto le va a suponer al Ayuntamiento el hecho de llevar a cabo el proceso de selección, que puede dejar sin cabida a trabajadores que a día de hoy forman parte de la plantilla de las empresas que se municipalicen. “Habrá que indemnizarlos por parte del Ayuntamiento y eso supone un mayor coste de la incorporación del servicio que tampoco está incorporado”. A juicio de Pérez Dorao, se extiende cada vez más el sentimiento en las plantillas “contrario a la internalización del servicio los trabajadores”, que ven peligrar su continuidad en el cobro de las nóminas, “por la precaria situación de la liquidez de la Tesorería del Ayuntamiento. Pero no sólo a estos trabajadores sino que le afecte al resto de la plantilla del Consistorio”.
También achacó el grupo municipal de C’s que no existe “un organigrama distinto al actual en la Sociedad Cádiz 2000”.
