La Fiscalía mantiene su petición de diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos electos y funciones de gobierno para el expresidente de la Generalitat Artur Mas por los supuestos delitos de desobediencia grave en calidad de autor y de prevaricación por la organización de la consulta del 9N, en la recta final del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
El fiscal Emilio Sánchez Ulled, en sus conclusiones en la cuarta y penúltima sesión del juicio en la sala civil y penal, ha ratificado íntegramente sus conclusiones y las ha elevado a definitivas, con lo que sigue pidiendo nueve años de inhabilitación para la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y para la que era consellera de Enseñanza, Irene Rigau --en ambos casos por desobediencia grave cometido por autoridad pública como cooperadoras necesarias y prevaricación administrativa--.
El Ministerio Público considera que, si el tribunal optase por imponer por separado las penas de ambos delitos, las condenas totales deben ser de nueve años y seis meses para Mas, y de ocho años y siete meses tanto para Ortega como para Rigau, además de una multa.
