El exalcalde de Rota Lorenzo Sánchez (RRUU) ha tomado la palabra en la última sesión del juicio por el 'caso Uniformes' para pedir al tribunal una "rápida" sentencia "absolutoria" después de cuatro años de proceso y "padeciendo", también en los cinco años previos en los medios de comunicación, una situación que ha asegurado que responde a una "estrategia política" del PSOE, que ha recordado que fue quien interpuso la querella que ha dado origen a la causa y que ejerce la acusación popular.
En su breve intervención, el exalcalde roteño -que se sienta en el banquillo junto a otros 19 imputados- ha aprovechado para pedir "perdón" a las personas que se han visto "involucradas" en este proceso por el mero hecho de que él fuera "elegido alcalde" y, por tanto, por una "cuestión política" que "nada tiene que ver con una cuestión empresarial".
La novena y última sesión del juicio, que se viene celebrando desde el pasado día 17 en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz, ha comenzado con el informe final del letrado de Lorenzo Sánchez y de su esposa -también imputada-, quien ha pedido su absolución en base a la inconsistencia de las pruebas de la acusación, a la prescripción del delito de falsedad que se les imputa -que acarrearía pena de cárcel- y a que siempre procedió "convencido de que actuaba cumpliendo con la ley".
El abogado ha calificado de "incoherente" que la Fiscalía aluda a una "estructura piramidal delictiva con Lorenzo Sánchez en la cumbre", "como si fuera Vito Corleone pero con delitos de cuello blanco en lugar de con delitos de sangre", ya que en ese caso tendría que haber incluido la acusación de pertenencia a organización o grupo criminal.
También ha resaltado que cuando se habla de delito "tiene que haber un móvil", preguntando en este punto cuál es el móvil de los 20 acusados -que ha recordado con mayoritariamente funcionarios y concejales de distintos partidos políticos (PP y RRUU)- y que "se la jueguen" para beneficiar a las empresas del entorno de Sánchez "sin recibir nada a cambio" y que mantengan dicha actitud "durante años". Por ello, ha aseverado que "chirría la estructura delictiva" argumentada por el Ministerio Fiscal.
En cuanto al presunto delito de falsedad documental -que estaría relacionado con la venta de las participaciones de la esposa de Lorenzo Sánchez en la empresa Pacheco Puyana a Isidro Martín Bejarano, al que la acusación atribuye el papel de testaferro del exalcalde-, ha negado su existencia. De cualquier manera, habría prescrito "en el hipotético caso de que hubiera existido", ya que el hecho se remontaría a 2009 y este tipo de ilícitos prescribe a los cinco años.
En lo que respecta al presunto testaferro utilizado para poder, según la acusación, seguir beneficiándose de adjudicaciones irregulares a sus empresas por parte del Ayuntamiento, ha dicho que el ilícito implicaría "un flujo de dinero del testaferro al presunto beneficiado", cosa que ha asegurado que "ni se ha probado y ni siquiera se ha intentado probar por parte de la acusación por el sencillo motivo de que no ha existido".
El letrado también ha argumentado que "no hay pruebas directas" de los delitos que se atribuyen a su patrocinado, a lo que añade las "muchas faltas a la verdad por parte de los testigos en este procedimiento".
"DENTRO DE LA LEGALIDAD"
Asimismo, el abogado ha vuelto a explicar el grado de participación de Lorenzo Sánchez a lo largo del tiempo en el resto de empresas investigadas -la cooperativa Coanda, la distribuidora Epis Rotasur y Coanda Costuras-, recalcando que su representación en las mismas estuvo en todo momento dentro de la legalidad.
Así, ha significado que, una vez entró en vigor la Ley de contratación del sector público en 2008 endureciendo las incompatibilidades para contratar, Lorenzo Sánchez decidió dedicarse de lleno a sus responsabilidades políticas. Así, se creó Coanda Costuras, que era "totalmente independiente" de Lorenzo Sánchez y de su esposa, y fue a la que se hizo desde ese momento algún encargo por parte del Ayuntamiento.
Como han hecho otras defensas en la sesión de este martes, se ha defendido que se trata de un supuesto de sucesión de empresas "absolutamente legal". Asimismo, han justificado que la cooperativa Coanda no se disolviera apuntando que "tenía deudas que liquidar", si bien nunca más volvió a contratar con el Consistorio roteño.
La defensa de Lorenzo Sánchez ha negado también que concurra un delito de prevaricación, ya que implicaría tomar una decisión de manera "injusta, arbitraria y a sabiendas". Ha dicho que estas cuestiones "no se cumplen", ya que las propias ausencias de las votaciones para determinadas adjudicaciones en la Junta de Gobierno Local "por indicación del secretario", indican que "estaba convencido de que, al actuar como lo estaba haciendo, estaba cumpliendo con la ley".
El resto de defensas ha solicitado también la libre absolución de sus patrocinados, destacando, además de la inconsistencia de pruebas contra ellos, el hecho de que la acusación haya empleado "el 97,75 por ciento" del tiempo en hablar de Derecho Administrativo y un mínimo porcentaje en hacerlo sobre dolo.
Tras la sesión de este martes el juicio ha quedado visto para sentencia. Cabe recordar que entre los acusados figuran, además de Lorenzo Sánchez, la también exalcaldesa Eva Corrales (PP), y el actual alcalde de Chipona, Antonio Peña (PP), que era edil en el Ayuntamiento roteño en el momento de los hechos que se investigan.
La Fiscalía solicita para los procesados penas que van desde los nueve años de inhabilitación a los cinco años de cárcel y 19 de inhabilitación que reclama para Lorenzo Sánchez, a quien considera responsable de los delitos de prevaricación continuada, gestión interesada continuada y falsedad.
