Un total de 49 diputados autonómicos de Podemos, de los 133 con los que cuenta la formación en 13 parlamentos regionales, se han sumado al manifiesto 'Podemos es participación' que rechaza el reglamento de primarias diseñado por la dirección nacional y reclama que se someta a consulta entre las bases, según consta en la información difundida por los propios firmantes, recogida por Europa Press.
Si el pasado lunes, día en el que presentaron su iniciativa, eran 33 diputados autonómicos de Podemos que se habían sumado, este grupo ha aumentado ya hasta 49. Entre estas últimas incorporaciones destaca la del diputado asturiano y secretario general del partido en el Principiado, Daniel Ripa.
Se trata de la mayor rebelión interna que ha vivido el partido liderado por Pablo Iglesias desde que naciera hace un año y medio, que cada vez suma más cargos. Aunque la dirección nacional se ha enfrentado en varias ocasiones a las críticas de los sectores más activos y cercanos a las bases, nunca antes esta corriente había recabado, de forma pública, el apoyo de más de 900 dirigentes y representantes de la formación morada.
Con el líder asturiano de Podemos ya son tres los 'barones' autonómicos que piden públicamente que se convoque una consulta popular, ya que la líder andaluza, Teresa Rodríguez, y la secretaria general en Navarra, Laura Pérez, fueron dos de las impulsoras, junto a otros cargos y representantes destacados, como los eurodiputados Miguel Urbán y Lola Sánchez.
Entre las últimas incorporaciones también destaca la del portavoz de Podemos en el Parlamento asturiano y candidato a la Presidencia de la Comunidad en las pasadas elecciones autonómicas, Emilio León, y el concejal de Ahora Madrid Pablo Soto, que esta tarde tiene previsto participar en la presentación de la plataforma 'Ahora en Común', que reclama una candidatura de confluencia para las próximas elecciones generales.
En total, ya son más de 900 los cargos y representantes institucionales de Podemos que han firmado el manifiesto de rechazo al reglamento aprobado por la dirección nacional. Además de los 49 diputados, y los dos eurodiputados, figuran entre los firmantes 108 concejales y más de 150 secretarios generales y otros 582 dirigentes autonómicos y municipales.
ANDALUCÍA Y MADRID, LAS CCAA MÁS CRÍTICAS
Por Comunidades, la mayor contestación al proceso de primarias llega desde Andalucía y Madrid. Así, de los casi 1.000 cargos críticos, 211 son andaluces --el 23,1%-- y 126, madrileños --13,8%--. Le siguen Asturias (60), Castilla-La Mancha (60), Comunidad Valenciana (59), Cataluña (59), Aragón (46), Canarias (45), Baleares (44), Castilla y León (40), País Vasco (38), Galicia (30), Extremadura (29), Murcia (27), Navarra (19) y Cantabria (15).
Todos ellos lamentan en el texto difundido que el reglamento aprobado por la dirección nacional, que permite la posibilidad de votar a equipos completos con un solo 'click' --el sistema conocido como 'lista plancha' ya criticado en otros procesos anteiores-- y fija una única circunscripción a nivel estatal para conformar las candidaturas al Congreso de los Diputados, no garantiza la participación ni la cercanía.
"Necesitamos unas primarias que abran un plazo razonable que permita discutir con otras fuerzas sociales y políticas sin caer en una suma de siglas o de aparatos. Necesitamos unas primarias que faciliten la pluralidad para reflejar la diversidad de quienes nos sumamos al cambio", señala el manifiesto publicado en la web 'Podemos es participación', a través de la cual sus impulsores pretenden recoger las firmas necesarias para reclamar la celebración de una consulta.
Este manifiesto ha logrado ya recabar, en total, más de 7.400 de simpatizantes. Según los estatus de Podemos, aprobados en la asamblea constituyente que el partido celebró en otoño en Vistalegre, la dirección está obligada a celebrar una consulta ciudadana si ésta es avalada, en un plazo máximo de 3 meses, por el 20% de los círculos o por el 10% del censo de inscritos, que en estos momentos es, según el partido, de unas 350.000 personas. Es decir, necesitarían recabar unas 35.000 firmas.
Esta iniciativa se suma además a las resoluciones aprobadas las direcciones de Baleares, Aragón, País Vasco, Madrid y Asturias con las que pedían al Consejo Ciudadano Estatal que corrija el reglamento para encontrar una fórmula que respete más la territorialidad.
