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Chiclana

Las reclamaciones patrimoniales al PGOU suman 112 millones de euros

Ana González destaca que “esta cuestión, por sí sola, justificaría una revisión del documento” y añade que “dialogaremos con los afectados para buscar soluciones”.

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  • Ana González. -

La delegada municipal de Urbanismo, Ana González, ha explicado este mediodía la situación en la que se encuentra el Plan General de Chiclana, así como los pasos a seguir en los próximos meses, de cara a su aprobación definitiva antes de un año, plazo de la prórroga de suspensión de las Normas Subsidiarias de 1987 y vigencia de las Normas Sustantivas. En este sentido, hay que recordar que, tras solicitarlo el alcalde el pasado 15 de junio, el pasado día 24 se publicó en el BOJA el acuerdo del Gobierno andaluz de la suspensión las Normas Subsidiarias, publicándose el día 26 la vigencia de las Normas Sustantivas. “Esta acción salva el primer escollo, que hubiera supuesto encontrarnos ante un Plan General obsoleto frente a la situación urbanística en la que nos encontramos”, ha indicado.

Asimismo, la delegada de Urbanismo ha recalcado que, “tras habernos reunido con colectivos y técnicos en numerosas ocasiones, existe una serie de tema claves que entendemos tenemos que modificar para la viabilidad del PGOU”. En este sentido, resalta la revisión de los expedientes de reclamación patrimonial, que ascienden a un valor de 112 millones de euros aproximadamente. “Este asunto nos parece primordial y decisorio, dada la envergadura del montante que representa y que, por sí solo, justificaría una revisión del documento”, ha manifestado González, quien ha aclarado que, “entre otras, hay reclamaciones patrimoniales como consecuencia de la no incursión en el Plan actualmente en trámite de aspectos que sí aparecían en el anterior anulado”.

“Como no podía ser de otra manera, se va a producir un diálogo con los distintos propietarios para buscar soluciones a estos asuntos”, ha manifestado la responsable del área, quien ha aclarado que, “sin embargo, hay ocho modificaciones más que entendemos necesarias en el documento del Plan aprobado provisionalmente”. De esta forma, destacan la no viabilidad de los planes parciales; la reducción del suelo urbanizable no consolidado y del suelo urbanizable no sectorizado; la reconversión de los suelos inundables; la reducción de los suelos dotacionales; la ampliación de los suelos industriales para grandes superficies, que estarían amparados por las Inversiones Territoriales Integradas; la protección de las vías pecuarias y la potenciación del núcleo urbano, “que debe consolidarse en torno a la ciudad consolidada”.

Hay que resaltar que estas modificaciones necesitarían de una nueva aprobación provisional del documento del Plan General y el correspondiente proceso de exposición pública. “El procedimiento a seguir incluye una serie de hitos, entre ellos, el estudio de las alegaciones que han dado lugar a los expedientes de reclamación patrimonial y que se llevará a cabo hasta finales de septiembre”, ha explicado Ana González, quien ha añadido que “las modificaciones anteriormente mencionadas serán incluidas por el equipo redactor en torno a diciembre del presente año”. Simultáneamente, se llevará a cabo la exposición pública y se solicitará los informes sectoriales preceptivos para la aprobación del documento, luego habrá una fase de alegaciones y, por último, se formará un expediente completo que se enviará a la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo y al consejo Andaluz para su aprobación definitiva, una vez publicado en los boletines oficiales.

Así, tras las correspondientes consultas con el equipo redactor, destacar que el plazo previsto para la aprobación definitiva del documento sería de menos de un año, es decir, antes de la finalización de la prórroga de las Normas Sustantivas. “En la tramitación del nuevo documento se va a favorecer la participación ciudadana, antes, durante y después, de tal forma que ya hemos mantenido reuniones con numerosos colectivos para conocer los déficits que ellos entendían. Durante la elaboración del documento, se mantendrán reuniones con técnicos de la Junta, el Ayuntamiento y el equipo redactor, así como con particulares. Y posteriormente, según el artículo 6 de la LOUA, se abrirá el plazo para reclamaciones, observaciones y propuestas en el periodo de información pública”, ha explicado.

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